A raíz del escándalo de supuestas 'chuzadas' de entidades estatales de inteligencia a magistrados de la Corte Constitucional, muchos se preguntan qué son y de quiénes dependen dos de los organismos de inteligencia del Estado más mencionados por estos días: DNI y UIAF.
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La DNI o Dirección Nacional de Inteligencia tiene como objeto 'desarrollar actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia para proteger los derechos y libertades de los ciudadanos y de las personas residentes en Colombia, prevenir y contrarrestar amenazas internas o externas contra la vigencia del régimen democrático, el orden constitucional y legal, la seguridad y la defensa nacional, así como cumplir con los requerimientos que en materia de inteligencia le hagan el presidente de la República y el alto gobierno para el logro de los fines esenciales del Estado, de conformidad con la ley', se lee en su pagina web.
Fue creada en 2011 y entre sus funciones se establecieron las de servir como asesor del presidente de la República y el Consejo de Seguridad Nacional en materia de inteligencia estratégica y contrainteligencia.
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Así mismo, coordinar el desarrollo de actividades de inteligencia estratégica y contrainteligencia para el cumplimiento del objeto misional de la entidad, de conformidad con los planes generales en materia de inteligencia y los requerimientos formulados por el presidente de la República de manera directa o por el alto gobierno a través del alto asesor para la Seguridad Nacional en calidad de secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional o quien haga sus veces.
También informar periódicamente al Consejo de Seguridad Nacional sobre el desarrollo institucional de la entidad, con el fin de garantizar la transparencia y estabilidad en su proceso de creación, fortalecimiento y profesionalización.
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Y 'desempeñar las demás funciones que la ley le confiera o le sean asignadas por el presidente de la República dentro del marco de la Constitución y la ley, en materia de inteligencia y contrainteligencia'.
De otro lado, la UIAF tiene como propósito superior 'proteger la economía nacional de la penetración de dineros de origen ilícito, en favor del crecimiento económico, la generación de empleo, la libre competencia y el bienestar de la sociedad'.
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Su análisis financiero está orientado a la disrupción de las economías ilícitas y el desmantelamiento de las organizaciones criminales, a partir de la afectación a su andamiaje económico: 'Impactar las finanzas de los grupos terroristas impide su reconfiguración o resiliencia, en favor de la seguridad nacional', indica su portal.
La Unidad de Información y Análisis Financiero, UIAF, es una unidad administrativa especial del Estado colombiano, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera, de carácter técnico, adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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Se trata de un organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza, sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas, para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos, sus delitos fuente, y la financiación del terrorismo.
Fue creada por la Ley 526 de 1999 y reglamentada por el Decreto compilatorio 1068 de 2015. A partir de 2013 la UIAF entró a ser parte de la Comunidad de Inteligencia, de la que hacen parte los organismos de inteligencia militares, policiales y la DNI.
En agosto de 2020 la UIAF junto con el extinto DAS fueron condenados por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por 'chuzadas' al entonces líder político Gustavo Petro y su familia: 'Acaba de fallar el Tribunal Administrativo Cundinamarca, a mi favor y mi familia. Dice que hubo un concierto entre el DAS, la UIAF y la Presidencia de la República para perseguirnos en los años 2006/09', escribió entonces en sus redes sociales el hoy jefe de Estado.
La revista Semana reveló en las últimas horas una carta del magistrado Jorge Enrique Ibáñez, del ala conservadora de la Corte Constitucional, en la que denunció lo que está ocurriendo al interior de la Corte: “Desde hace varios meses, mis comunicaciones, especialmente mi teléfono celular, han sido intervenidos y con base en información que he podido recaudar de varias fuentes, he llegado a la conclusión que lamentablemente ello obedece a operaciones de órganos de inteligencia oficial que se realizan sin autorización judicial y por fuera de los marcos jurídicos de la ley estatutaria de inteligencia y contrainteligencia (uno de los cuales opera en la Presidencia de la República y la Dirección Nacional de Inteligencia), en coordinación con la DIAN y la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (UIAF)”.
A su vez, la emisora La FM reportó que los magistrados, incluidos los de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advierten que los tienen intervenidos y que incluso les están montando carpetas para pasar información que está registrada en la DIAN y en la UIAF.
'Esto se maneja a través de una oficina de inteligencia que opera en la Presidencia de la República, que monitorea a todas las agencias de inteligencia y que funciona como una oficina de monitoreo y analítica en la Secretaría de Comunicaciones, a través de la cual supuestamente se harían perfilamientos de periodistas, magistrados y miembros de la opinión pública. Esa oficina es dirigida por René Guarín, ex miembro del M-19. Los miembros de todas las cortes, incluyendo la JEP, saben que son escuchados y se cuidan mucho de lo que dicen porque saben que pueden ser recusados y así ser apartados de las grandes decisiones del país', informó la cadena radial.
Petro aseguró este lunes que su gobierno no está haciendo las 'chuzadas' que denunció la Corte Constitucional ante la Fiscalía, reviviendo el fantasma de las interceptaciones ilegales del extinto DAS a magistrados, opositores y periodistas durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, escándalo por el que han sido condenados una veintena de exfuncionarios y se descubrieron más de 60 responsables.
'Desde el primer día de gobierno la orden del presidente a los organismos de inteligencia es no usarla contra la oposición, prensa o cortes. He sido explícito en que la inteligencia del Estado se dedica a la persecución del gran crimen', escribió el jefe de Estado en sus redes sociales.
Agregó al respecto el mandatario que 'en inspección a la DNI (Dirección Nacional de Inteligencia) se encontró que no cuenta siquiera con aparatos de interceptación de servicios de telefonía privada'.
Y concluyó Petro que 'este gobierno no hace lo que sí hicieron otros en el pasado'.
El pasado sábado la Fiscalía advirtió en un comunicado que 'frente a la gravedad de los hechos puestos en su conocimiento, al recibir esta semana en la Corte Constitucional la denuncia sobre presuntas interceptaciones y seguimientos ilegales a uno de los despachos de sus magistrados, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, ordenó iniciar la investigación correspondiente de forma inmediata en la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia'.
Añadió el ente acusador que la fiscal Camargo dispuso todos los recursos al alcance de la entidad para avanzar con celeridad y rigor en los actos investigativos que permitan establecer los alcances y el impacto de la delicada situación denunciada el pasado miércoles.
'Teniendo en cuenta que nuestra política de comunicación es informar a la ciudadanía de manera clara, oportuna y transparente, en condiciones de igualdad a todos los medios de comunicación, la Fiscalía General de la Nación rechaza categóricamente cualquier insinuación de filtración deliberada o indebida que afecte la seguridad, protección e integridad tanto de los denunciantes y sus familias, como de las investigaciones que por naturaleza deben ser reservadas. Es falso que el despacho de la fiscal general de la Nación haya divulgado el documento suscrito por uno de los magistrados de la Corte Constitucional', puntualizó el ente de investigación penal.
Y también este lunes, ante las denuncias difundidas por los medios de comunicación durante el fin de semana, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) aseveró en un comunicado: 'Desde que se hicieron públicas las denuncias por una supuesta operación de perfilamientos e interceptaciones, se solicitó una investigación a control interno y a control interno disciplinario de la entidad con el objetivo de determinar circunstancias irregulares en los procesos y procedimientos que correspondan a las oficinas de Secretaria de Comunicaciones y Prensa y por la Dirección de Tecnología de la Presidencia de la República'.
Además, sigue el boletín, 'estableció contacto formalmente con las autoridades competentes para ponerse a disposición en el marco de la investigación en curso. Es crucial aclarar que las actividades de la Dirección de Tecnología y la Secretaría de Comunicaciones y Prensa no incluyen prácticas como perfilamiento, seguimiento ni interceptación, todas ellas absolutamente condenables en una democracia. Este Gobierno ha sido víctima en el pasado de tales actividades y se opone firmemente a ellas'.
Y concluyó el Dapre que Petro 'ha sido enfático en que este tipo de hechos no son permitidos, son totalmente ilegales y cualquier funcionario que se vea involucrado en alguna de estas prácticas deberá responder ante la justicia. La Presidencia de la República está comprometida con proporcionar toda la información necesaria de manera transparente y rápida para aclarar estos hechos'.
