El presidente Gustavo Petro, criticó este martes al sistema judicial del país por no haber establecido la responsabilidad de la multinacional del banano Chiquita Brands International, acusada de financiar a grupos paramilitares, por lo que fue condenada en Estados Unidos.
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'¿Por qué la justicia de EE. UU. pudo determinar en verdad judicial que Chiquita Brands financió el paramilitarismo en Urabá?', escribió el jefe de Estado en su cuenta de X.
Un jurado federal de Florida (EE. UU.) falló el lunes que Chiquita Brands tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a demandantes y familiares de las víctimas de los paramilitares en Colombia, en especial en la región de Urabá.
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Según el dictamen del juicio civil en una corte de West Palm Beach (Florida), la empresa no demostró que 'la asistencia que brindó' al grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) para proteger a sus empleados de la violencia fue resultado de una 'amenaza ilegal, inmediata e inminente' por parte de ese grupo terrorista.
Al respecto, Petro se preguntó hoy: '¿Por qué no pudo la justicia colombiana?', al referirse a que en el país no hay condenados por este caso.
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Además, el jefe de Estado reiteró su idea de establecer un único tribunal de cierre de la verdad judicial dentro del conflicto armado interno, pese a que esa función ya la tiene la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), creada a instancias del acuerdo de paz firmado en 2016 con la antigua guerrilla de las FARC.
'Si el acuerdo de paz del 2016, que ya sabemos es una declaración unilateral de Estado que nos compromete ante el mundo habla de un solo tribunal de cierre de la verdad judicial, ¿Por qué no lo tenemos?', concluyó Petro.
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Tras más de una década de litigios, la corte de West Palm Beach señaló que la ayuda de Chiquita a las AUC, constituyó 'una actividad peligrosa' que aumentó el riesgo para los miembros de la comunidad más allá de aquellos peligros a los que estuvieron normalmente expuestos.
Por eso, la multinacional tendrá que pagar 38,3 millones de dólares a los demandantes, que son sobrevivientes y familiares de víctimas de la violencia paramilitar en la década de 1990 y comienzos de este siglo XXI.
Chiquita Brands International, que cerró sus operaciones en Colombia en 2004, admitió en 2007 en una corte de Nueva York que había pagado a paramilitares colombianos 1,7 millones de dólares, según la empresa 'bajo presión' para proteger a sus trabajadores.
