La Contraloría General de la República informó este jueves que ha decidido abrir tres procesos de responsabilidad fiscal por la suma de $47.923 millones por presunto mal manejo de recursos de regalías en los departamentos Cesar, La Guajira y Putumayo.
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La Unidad de Responsabilidad Fiscal de Regalías detectó el primer caso en el municipio La Jagua de Ibirico, Cesar, por una cuantía del daño de $37.946 millones.
“El proceso de responsabilidad fiscal se abre en virtud del Convenio Marco No. 166 de 2022, que permitió aunar esfuerzos entre el municipio de La Jagua de Ibirico y la Caja de Compensación Familiar Comfacesar que incluía el desarrollo de cuatro subproyectos de vivienda”, indicó la CGR.
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El ente de control explicó que entre los hallazgos se encontró que no se liquidaron bien impuestos como el IVA y se concluyó que se está frente a obras inconclusas.
“Fueron vinculados como presuntos responsables fiscales quienes ejercían como alcalde municipal, secretarios de Infraestructura y director administrativo de COMFACESAR para la época de los hechos. El hallazgo que dio lugar a este proceso de responsabilidad fiscal tuvo su origen en una denuncia para el Departamento del Cesar tramitada por la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías de la CGR”, agrega.
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En el municipio de Albania, en La Guajira, la Contraloría abrió igualmente un proceso de responsabilidad fiscal por un contrato de obra para la “construcción de aulas escolares en diferentes centro educativos del municipio”, por un monto aproximado de $8.050 millones.
Sobre este caso, el ente precisó que “a pesar de múltiples actas de prorroga y una cesión del contrato, las obras presentan un avance del 70 %, sin que a la fecha se haya entregado o finalizado ninguna sede de las 8 contempladas en el proyecto”.
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Ante esto, fueron vinculados como presuntos responsables fiscales el alcalde Municipal para la época de los hechos y funcionarios de su administración.
Mientras que en Putumayo, fue abierto un proceso fiscal por presuntas irregularidades en un contrato de obra pública de recuperación para el mejoramiento de las vías urbanas en el municipio de Mocoa, por $1.927 millones.
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En este caso la entidad afectada es el Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en contra del exdirector de la Ungrd, Eduardo José González Angulo, Fiduciaria La Previsora S.A., los integrantes del Consorcio Pavimento Mocoa en calidad de contratista de obra, y los integrantes de la firma interventora Consorcio Interpavimentos EDUPAC.
Este contrato se suscribió en el marco de la Declaratoria de Calamidad Pública No. 176 del 12 de agosto de 2018 prorrogada mediante Decreto No. 027 del 12 de febrero de 2019 y en desarrollo del llamado Plan de Acción Especifico (PAE) establecido en el Decreto No. 141 del 12 de agosto de 2019 de retorno a la normalidad en esta capital.
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“Las deficiencias presentadas llevaron a no satisfacer las necesidades de la comunidad para la cual se adelantó el contrato suscrito y su correspondiente objeto social”, indicó la Contraloría.
