A pesar que en días anteriores las autoridades colombianas habían anunciado que se realizaría la extradición del ciudadano estadounidense encontrado con dos menores de 12 y 13 años, en un hotel en Medellín; el pasado lunes 15 de abril la Policía confirmó que esto ya no será posible.
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'Tengo noticia de que la fiscal que lleva el caso emitió la solicitud de extradición. La semana pasada el presidente dijo que Colombia gestionaría esa extradición y así lo haremos (…) Con esto ya comienza el trámite, ya está activada la solicitud para que el Gobierno de Estados Unidos lo capture y nos lo entregue', aseguró el jefe de la cartera de Justicia el 13 de abril. El mismo día que las autoridades estadounidenses llegaron a Medellín, para recabar pruebas en contra de Livingston.
Sin embargo, este lunes la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) aclaró que la extradición a Colombia de Timothy Alan Livingston, por explotación sexual, por ahora no sería posible debido a que, no existe un convenio para que Estados Unidos entregue a sus ciudadanos a la justicia colombiana.
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El coronel Edwin Urrego, director de la Dijín de la Policía Nacional, afirmó que actualmente se están buscando mecanismos judiciales que se puedan aplicar en este caso, para que sea válido el proceso en el país estadounidense.
Asimismo, el oficial indicó que la notificación azul expedida por la Interpol en su contra, fue para conocer su lugar de residencia. Las investigaciones apuntan a que el sujeto estaría en el estado de Ohio, como lo indicó el alcalde Federico Gutiérrez.
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'No existe una notificación roja de Interpol contra Timothy Livingston, porque no se ha adelantado una audiencia de imputación de cargos y menos, ha sido condenado por los hechos cometidos en la ciudad de Medellín en marzo del presente año', dijo el coronel Urrego.
De igual manera, anunció que en este caso del ciudadano norteamericano se tendrá que acudir a una cooperación internacional, para evaluar cómo se puede hacer justicia en Colombia frente a este hecho de explotación sexual.
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Para este caso de las dos menores, la Procuraduría General de la Nación instaló una mesa de seguimiento convocada con entidades de orden nacional y territorial, para hablar sobre la trata de personas con fines de explotación sexual.
La PGN recordó que entre 2023 y lo que va de este 2024, el ICBF ha atendido a 18.507 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, de los cuales 331 casos fueron por explotación sexual.
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