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En el marco del Foro Temático 'Una mirada metodológica a las cifras del sector salud' que organizó la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) junto a la a Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, Acemi, en Bogotá, estos gremios presentaron una nota técnica sobre el estado del sistema de salud en Colombia y su sostenibilidad.

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Durante el encuentro, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, señaló que 'la situación de crisis por la que atraviesa el sistema de salud actualmente nos convoca para aportar a la discusión con información técnica que le sea de utilidad al país. Es un hecho que, por ejemplo, la insuficiencia en el cálculo de la UPC y la inoportunidad en el pago de los presupuestos máximos han generado acumulación de deudas y pérdidas técnicas que han impactado el servicio. No hay la menor duda que el sistema no ha tenido los suficientes recursos para atender sus necesidades. Es una responsabilidad de las autoridades poder garantizar el correcto flujo de los recursos, brindando condiciones optimas para que se presten los servicios de salud que requieren los colombianos'.

A su vez, Ana María Vesga, presidenta de Acemi, manifestó que 'en medio de este debate la pregunta ha sido si EPS sí o EPS no. Con eso no se soluciona el problema estructural del sistema que hoy es el financiamiento. Y en eso hay un consenso técnico que debe reflejarse en decisiones políticas y regulatorias'.

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Por ello, la nota técnica presentada contiene los cuatro puntos que consideran fundamentales para entender el financiamiento del sistema de salud: causas del desfinanciamiento, flujo de los recursos en el sistema y las consecuencias de no asegurar su oportunidad, el problema metodológico de agregar cifras y el tema de las utilidades y su inversión.

En el primer punto advierten que 'si todas las fuentes de financiamiento son constantes y el gasto es creciente, el aporte del Presupuesto General de la Nación debe crecer a la tasa que requiera el gasto'.

Sobre el segundo conceptúan que 'la presión de gastos que se causan día a día y el atraso, voluntario e involuntario, por parte del Estado en el giro de recursos, conduce indefectiblemente al colapso y la crisis'.

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En tercera medida indican: 'Los aseguradores no son comparables entre sí, dado que nos encontramos frente a entidades con poblaciones, niveles de servicio y presencias regionales distintas'.

Y en torno al cuarto punto sostienen 'la Corte ha reconocido que es legítimo que los particulares que participan en el sistema de salud sean recompensados por los gastos de administración en los que incurren y perciban una utilidad razonable, sin que esa retribución afecte el derecho fundamental de los usuarios a un servicio de calidad, oportuno y eficiente'.

'Es necesario entender el cómo funciona el financiamiento del sistema, los conceptos básicos contables de las EPS y los gastos de servicios en salud que están con cargo a la UPC y los presupuestos máximos. Cualquier interpretación que se dé sin tener en cuenta estos conceptos terminará por llegar a conclusiones imprecisas y, en algunas oportunidades, erradas sumando a la situación de incertidumbre por la cual está atravesando el sector', concluye el documento.