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Por:  Tomás Betín

El 13 de septiembre pasado el canciller Álvaro Leyva declaró desierto el proceso de licitación del contrato del servicio de pasaportes en el país por una suma de $600 mil millones y en la que el único proponente era Thomas Greg & Sons, multinacional británica que se ha ganado la adjudicación en los últimos 17 años y que, ante tal decisión, que para algunos es ilegal y para otros está fundamentada en disposiciones constitucionales, anunció una demanda de $117 mil millones contra el Estado, la cual, tras un fallido proceso de conciliación, ahora coge camino.