En medio de la audiencia pública sobre la Ley de Paz Total, el magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez Najar, consideró que el Gobierno maneja una serie de discursos contrariados con relación al proyecto.
De acuerdo con el togado, los conceptos de Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, y Néstor Osuna, ministro de Justicia, no son congruentes.
'Me parece que no hay congruencia en los dos discursos, y lo afirmo a partir del momento en que el doctor Danilo (Rueda) señala en su intervención de entrada que la Constitución no exige que exista carácter político para iniciar diálogos con vocación de paz y señala que el carácter político asociado a la conducta punible asociado a la misma naturaleza es una condición, pero para accesos a beneficios, pero no para iniciar un proceso de diálogo, acercamiento, e inclusive de acuerdos, que no termine con beneficios', dijo en su intervención.
Renglón seguido, consideró que la opinión de Osuna es distinta a la del comisionado de Paz, al asegurar que 'Si hay unos objetivos políticos, tanto que la ley tiene dos estructuras, por una parte, como lo señala el artículo segundo, hay dos clases de procesos, unos que se adelantan con organizaciones al margen de la ley con objetivos políticos para llegar a unos acuerdos que puedan tener acuerdos políticos y otros de sometimiento que no implica en todo caso tener en todo caso tener en cuenta su formación política. No veo que hay unidad de criterios del Gobierno en los dos aspectos'.
'¿Están en una política de sometimiento o deben someterse a unas reglas de sometimiento o, a su turno, caben dentro de unas reglas sobre un marco jurídico para la paz?
Por último, cuestionó que el proyecto no haya tenido en cuenta el concepto del Consejo de Política Criminal?', cuestionó.
'Siendo una ley de paz y de política de sometimiento de organización criminal al margen de la ley debían pasar por el consejo de política criminal', concluyó.
