La Contraloría General de la República alertó al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) sobre deficiencias y posible riesgo fiscal en la vinculación de madres y padres comunitarios en la planta de personal de la entidad.
La situación se evidenció luego de un estudio sectorial donde la Contraloría Delegada para el Sector Inclusión Social evaluó el papel del ICBF en la garantía de las condiciones laborales de las madres y padres comunitarios, en el que se concluyó que la mayoría de ellos que prestan sus servicios en la modalidad comunitaria de atención a la primera infancia, a través de operadores, esperan tener una mejora en sus condiciones laborales, por lo que se requiere de un estudio técnico y financiero del impacto fiscal de la normalización de los mismos en la planta de personal de la entidad.
De acuerdo con las respuestas a las 1755 encuestas realizadas a madres y padres comunitarios, que los requerimientos relacionados con la mejora en sus condiciones laborales se orientan a la Contratación directa a través del ICBF, sin intermediación a través de operadores, para garantizar estabilidad laboral, al igual que sus derechos a salud y pensión y el reconocimiento del Bono Pensional de Vejez, para aquellas madres que no han cumplido con alguno de los requisitos para acceder a su pensión.
Asimismo, se determinó que el aumento salarial, ya que en la actualidad devengan un salario mínimo, además del reconocimiento de categorías salariales, de acuerdo con su perfil académico, años de experiencia, y pago de horas extras, la dotación de uso personal y para el Hogar Comunitario; el reconocimiento de subsidios para el pago de arriendos, para aquellas madres y padres comunitarios que hacen uso de su lugar de habitación para la atención del hogar Comunitario; el acceso a herramientas tecnológicas, para cumplir con los reportes requeridos por el operador, los cuales son requeridos en medios digitales y el mejoramiento y optimización de la infraestructura física de Hogares Comunitarios, para garantizar una adecuada prestación del servicio a la primera infancia.
