La Procuraduría General de la Nación apeló la decisión del Juez 98 de Instrucción Penal Militar de decretar la prescripción de un proceso adelantado contra 15 militares, por su presunta responsabilidad en el homicidio de tres miembros de la comunidad indígena Wayuu, en la ranchería Atnamana, jurisdicción de Maicao.
El Procurador 265 Judicial Penal de San Juan del Cesar, La Guajira, en desarrollo de su función de intervención, precisó que el hecho, ocurrido el 16 de mayo de 2000, podría llegar a calificarse como un homicidio en persona protegida o inclusive en un crimen de lesa humanidad, razón por la cual la conducta sería imprescriptible, es decir no habría un límite de tiempo para adelantar y culminar la investigación.
El órgano de control recordó, además, que el proceso avanzó en sus etapas preliminares durante los primeros cinco años, pero diez años después fue reportado como perdido. 'Finalmente, el despacho judicial tardó otros cinco años en reconstruir solo una parte, por lo que transcurrieron 20 años sin que se adoptara una decisión de fondo sobre los posibles involucrados'.
