En una estrategia dirigida a fortalecer la capacidad del Estado Colombiano para prevenir, perseguir y sancionar el lavado de activos, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva, el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) aprobó la destinación de $10.392 millones para afianzar y extremar las acciones contra el crimen organizado.
Los recursos permitirán afinar los instrumentos de análisis, las estructuras y esquemas de trabajo gubernamental para lograr una mayor eficiencia en la lucha contra este tipo de actividades delictivas.
