Al menos 76 masacres con 292 asesinados fueron registradas en 2020, lo que supone la mayor cifra de matanzas desde 2014 y casi el doble de las 36 que se produjeron el año anterior, según documentó la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en su informe anual.
Se trata de una 'violencia endémica' en la que, a pesar de la bajada de la tasa de homicidios –de 25 a 23,7 por cada 100.000 habitantes–, en 2020 hubo 'una intensificación de la violencia y un aumento en el control territorial y social por parte de grupos armados no estatales y grupos criminales'.
Así lo recoge el informe de la Alta Comisionada sobre la situación en Colombia, que será presentado por la directora de ese organismo, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra este jueves.
'Desde el 2018, el número de masacres ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014', manifestó la representante en Colombia de la Alta Comisionada, Juliette Rivero, en su exposición a los medios.
Entre los casi 300 asesinados se encuentran 23 mujeres, seis niñas, 18 niños, siete integrantes de pueblos indígenas y 10 afrodescendientes.
'El año más violento'
El comienzo de este año, que la Justicia Especial por la Paz (JEP) ya tildó como el más violento desde la firma de la paz, la ONU documentó seis masacres, con 21 víctimas, y está verificando cinco más, mientras que organizaciones como Indepaz recogen datos muy similares con 14 masacres y 55 víctimas en 13 municipios.
'La tendencia de asesinatos de defensores es muy preocupante y el Estado tiene la capacidad y la posibilidad de ajustar sus políticas para prevenir estos casos de violencia', consideró la representante de Bachelet.
También siguió la violencia contra líderes sociales y desmovilizados del acuerdo de paz, siendo asesinados 73 exintegrantes de las Farc en 2020.
'La ausencia de una presencia integral del Estado en algunas regiones del país limita la capacidad del Estado para cumplir con su deber de protección de la población, incluyendo el derecho a la vida, los derechos económicos, sociales y culturales, el acceso a la justicia y la participación de las personas y grupos más vulnerables', concluyó la representante.
