La Contraloría General de la República informó este miércoles que tramita actualmente 87 procesos de responsabilidad fiscal y 10 indagaciones preliminares, por $30.238 millones de pesos, que tienen relación con irregularidades en el manejo de recursos destinados a los Resguardos Indígenas detectadas en los últimos años.
El departamento del Amazonas, con 21 procesos, encabeza el listado de estas investigaciones. Le siguen Nariño (con 15), Guajira (10) y Sucre (8).
El proceso de responsabilidad fiscal de mayor cuantía, por $8.032 millones, se adelanta por parte de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción, y tiene que ver con obras no realizadas en la Institución Educativa Kuwei, del Resguardo Wacoyo, así como la construcción, adecuación y mejoramiento de las instalaciones del internado El Tigre, ambas en Puerto Gaitán (Meta).
Le sigue un proceso por $3.924 millones, relacionado con una obra localizada también en Puerto Gaitán: la construcción del internado para el Resguardo Awaliba.
Enseguida están otros 3 procesos:
Proceso fiscal por $2.319 millones, por irregularidades en la construcción de los sistemas de acueducto de las comunidades indígenas del kilómetro 11 San José, del kilómetro 6 y San Antonio de los Lagos, en Leticia (Amazonas).
Proceso fiscal por $1.499 millones, por inconsistencias en contrato interadministrativo celebrado con el Cabildo Indígena Kofan de Santiago de Cali, para construcción de plantas de tratamiento de agua potable en el municipio de Ginebra (Valle).
Proceso fiscal por $1.428 millones, por irregularidades en contrato para la construcción de un sistema de almacenamiento para las comunidades indígenas de Uribia, en La Guajira.
Investigaciones terminadas
Otra cifra que destaca la Contraloría es que, desde el año 2000 hasta 2019, se tramitaron y terminaron 370 investigaciones fiscales (135 indagaciones preliminares y 235 procesos de responsabilidad fiscal) por $43.197 millones, por irregularidades alrededor de estos recursos.
Se produjeron —afirma el ente de control—54 fallos de responsabilidad fiscal por cuantía de $4.823 millones y resarcimientos en 19 actuaciones por un monto de $1.022 millones (3 Indagaciones Preliminares y 16 Procesos de Responsabilidad Fiscal).
Buena parte de las investigaciones tienen que ver con irregularidades en convenios interadministrativos y entrega de recursos sin legalizar.
Estas son las irregularidades más comunes objeto de estas investigaciones, según la Contraloría:
Los recursos se utilizaron de manera ineficaz e ineficiente, debido a que no fueron destinados a satisfacer las necesidades de las comunidades indígenas.
Irregularidades en órdenes de compra.
Falta de soportes de los gastos realizados e incumplimiento de convenios que debían beneficiar a los resguardos.
Incumplimiento de órdenes de servicio, ejecución parcial de proyectos, pagos sin el lleno de los requisitos de ley, compras con sobrecostos.
Asimismo, el incumplimiento de contratos que tenían por objetos diversos fines orientados a mejorar la calidad de vida de los resguardos.
Bienes, obras y servicios no recibidos por los resguardos o que no llegan en su totalidad. O irregularidades en su adquisición.
Irregularidades en la entrega a los beneficiarios directos de los contratos y faltantes en la ejecución de recursos.
