El partido político de la Farc, surgido tras el desarme de esa guerrilla, denunció el asesinato del desmovilizado Uriel Valencia, perpetrado en Quibdó, capital del departamento del Chocó, fronterizo con Panamá, con lo que son 231 los homicidios de exguerrilleros desde la firma del acuerdo de paz de 2016.
'En Quibdó asesinaron a Uriel Valencia, quien inició su proceso en el ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación) de Vigía del Fuerte, suspendido unilateralmente por el Gobierno', informó la Farc.
Según la información publicada por ese partido, en la zona en la que fue asesinado Valencia, de 45 años, 'existe presencia de las llamadas 'AGC' (Autodefensas Gaitanistas de Colombia)' a quienes varias organizaciones acusaron recientemente de pintar grafitis con sus iniciales en más de 60 municipios del país.
Con el crimen de Valencia, 231 firmantes del acuerdo de paz han sido asesinados desde 2016 cuando la antigua guerrilla y el Gobierno sellaron los compromisos de desarme y reincorporación civil de los desmovilizados.
'En la ciudad de Quibdó, Chocó, fue asesinado Uriel Valencia Ochoa, exguerrillero en proceso de reincorporación. 231 homicidios no son casos aislados', advirtió desde su cuenta de Twitter este domingo el representante a la Cámara por el partido Farc, Omar Restrepo.
En el Chocó operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln), las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y otras bandas criminales que amenazan y ponen en riesgo constante a los pobladores de esta parte del país.
Según el último informe del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ante el Consejo de Seguridad sobre la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, 'la violencia incesante contra excombatientes sigue afectando la consolidación de la paz'.
El documento, presentado el pasado 2 de octubre, detalló que en lo que va corrido de 2020 han sido asesinados 50 exguerrilleros de las Farc, dos de ellos mujeres.
'En 2020, el 30 % de los asesinatos se han cometido cerca de las nuevas áreas de reincorporación, que en su mayoría están situadas en regiones rurales aisladas', señaló Naciones Unidas.
El Informe resaltó que, en respuesta a estos ataques, 'en julio la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ordenó a varias instituciones estatales tomar medidas de protección para exmiembros de las Farc'.
