A través de un acto virtual, como lo imponen las medidas de bioseguridad frente a la pandemia, la familia del profesor de la Universidad del Atlántico, Jorge Freytter, suscribió este viernes un acuerdo de solución amistosa con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, Andje, para que se asuma por parte de la Nación la responsabilidad por acción y omisión del crimen y para que se cumplan una serie de medidas de reparación.
El acto, tramitado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se celebró cuando se cumplen 19 años de la detención ilegal, tortura y ejecución extrajudicial de Freytter Romero
Las medidas pactadas son las de que el Estado otorgará becas educativas a los cinco hijos de la víctima, se creará la Beca 'Jorge Freytter' en la Universidad del Atlántico, se dispondrá un taller de DDHH y DIH para las Fuerzas Armadas; atención médica, sicológica y sicosocial a las víctimas; la Fiscalía se compromete a identificar a los demás responsables del crimen; se cumplirá una medida de memoria y pedagogía en la alma mater y habrá una reparación pecuniaria.
En medio del acuerdo, la directora de defensa jurídica internacional de la Andje, Ana María Ordóñez, admitió: 'Somos conscientes de que este proceso no ha terminado pero celebramos la firma de este acuerdo' y puso de presente que es el pacto número 20 de esta naturaleza que suscribe el órgano gubernamental.
A su vez, Jorge Freytter Franco, hijo mayor de la víctima, manifestó: 'Nos complace en nombre mío y de la familia que hayamos llegado a este acuerdo que nos ha durado un poco más de una década. Este acuerdo respeta a nuestro padre y respeta a nuestra familia e instamos al Estado a que se cumplan prontamente los puntos'.
Entre tanto, otro de sus hijos, Jorge Freytter-Florián, sostuvo: 'Mi padre defendió los intereses del sindicalismo en el Atlántico y sobre todo dentro de la universidad pública. (...) Seguimos denunciando la connivencia que existe en el Atlántico entre fuerzas paramilitares y fuerzas del Estado. Como mi padre lo dijo en la última intervención que hizo, 'los derechos hay que pelearlos cueste lo que cueste', y a nosotros nos ha costado el exilio y sobrellevar el duelo que poco a poco vamos sacando de nuestras mochilas'.
De igual modo, Jomary Ortegón, representante de víctimas del Colectivo de Abogados 'José Alvear Restrepo', Cajar, advirtió que 'la detención arbitraria, desaparición, tortura y ejecución extrajudicial del abogado, profesor y sindicalista Jorge Freytter no debió ocurrir jamás. El acuerdo es para reparar los efectos que esta grave violación de DDHH generó en su familia, en la comunidad universitaria, el movimiento sindical y en la sociedad colombiana, particularmente en el Caribe colombiano. Es un paso en el camino para que se avance en la identificación de todas las responsabilidades, del entramado militar y paramilitar que en la Universidad del Atlántico cobró más de 30 vidas entre profesores, estudiantes y trabajadores'.
Por su parte, Antonia Urrejola, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, pidió un minuto de silencio por el crimen de Freytter, 'quien luchó por las reivindicaciones sindicales y fue un gran profesor de la Universidad del Atlántico. (...) Como relatora de la Comisión para Colombia felicito a las partes por su disposición y su confianza en el mecanismo de soluciones amistosas y les insto a continuar dialogando por el cumplimiento del acuerdo y la no revictimización de las víctimas'.
En enero pasado la Fiscalía declaró como crimen de lesa humanidad el perpetrado entre el 28 y 29 de agosto de 2001 contra el profesor samario de ciencias sociales, quien había sido detenido por la Policía una semana antes de su asesinato.
Para el ente acusador se demostró que el crimen de Freytter hizo parte de una estrategia generalizada y sistemática con 'la existencia de una política contra una determinada comunidad (como la Universidad del Atlántico), el establecimiento de instituciones (o la toma de las mismas) para implementar dicha política, el hecho de que se involucren políticos, directivos o militares de alto rango'.
El sindicalista y abogado de 51 años fue secuestrado, torturado y asesinado en Barranquilla y su cuerpo fue arrojado en el corregimiento de Palermo, jurisdicción de Sitionuevo, Magdalena. Los criminales que se lo llevaron eran cuatro y lo montaron en una camioneta Toyota Hilux que esperaba en la esquina de la calle 53D con carrera 26.
Y por el homicidio fue acusado el exteniente de la Policía, Flóver Argeny Torres Sánchez, quien se encuentra prófugo a pesar de estar siendo procesado por varios crímenes. Y según el Cajar el homicidio del líder la Asociación de Jubilados de la Universidad del Atlántico, Asojua, 'fue cometido directamente por Óscar Orlando Ortiz, alias Moncho, jefe paramilitar del Frente 'José Pablo Díaz', en colaboración con el teniente Flóver Argeny Torres Sánchez y Julio César Pacheco Bolívar, alias La Chacha, ambos del Gaula (…)'.
