La JEP negó el pasado martes, en segunda instancia, la libertad al coronel (r) del Ejército, Jorge Eliécer Plazas Acevedo, señalado en el crimen del humorista y activista Jaime Garzón, perpetrado el 13 de agosto de 1999.
La Sección con Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz negó la acción de tutela formulada por el militar retirado, en la que argumentaba la presunta vulneración de sus derechos fundamentales a la libertad personal y al debido proceso.
El recurso pretendía dejar sin efectos el Auto TP-SA-490 de 2020, emitido por la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, mediante el cual se había negado su sometimiento a la JEP por cuatro secuestros extorsivos (casos Benjamín Khoudari, Wilson Martínez Quiroga, los esposos Luis Antonio Castro y Enid Ortiz y Martha Cecilia Velásquez), así como la concesión del beneficio de la libertad transitoria, condicionada y anticipada.
El sistema de justicia transicional consideró que 'si bien existían algunos elementos indicativos de un nexo entre los secuestros y el conflicto armado interno, otros elementos apuntarían en sentido contrario: el ánimo de lucro y que el secuestro extorsivo fue ante todo una fuente de financiación de los grupos guerrilleros y no de los agentes estatales'.
De igual manera, se confirmó la decisión de la Sección de Apelación según la cual en un futuro, si el solicitante aporta verdad plena y detallada en los casos por los cuales fue admitido a la JEP (homicidio de Garzón Forero, masacre de Mapiripán, homicidio de los investigadores del CINEP Mario Calderón y Elsa Alvarado y el homicidio de Marino López durante la Operación Cacarica), e igualmente demuestra la existencia de un vínculo entre los cuatro secuestros extorsivos y el conflicto armado interno, su admisión plena a la JEP podrá ser reexaminada.
Finalmente, la Sección con Ausencia de Reconocimiento del Tribunal para la Paz le recomendó a la Sala de Reconocimiento que para una futura priorización de los casos que comprometen a Plazas Acevedo, 'tuviera en consideración que se le deben exigir importantes aportes a verdad plena en casos emblemáticos que afectaron de manera grave a toda la sociedad colombiana (homicidios de periodistas, ataques a defensores de derechos humanos, entre otros) así no se encuentren relacionados con los siete macrocasos que actualmente se encuentran abiertos'.
