Un juez de control de garantías de la capital envió este miércoles a la casa por cárcel a los funcionarios de la Dijín investigadores de la ñeñepolítica, el mayor Jefferson Tocarruncho y el sargento Wadith Velásquez, por al parecer interceptar de manera ilegal a cinco de sus compañeros uniformados presuntamente corruptos.
El togado, además, los suspendió de sus funciones como policías y les prohibió la comunicación con otras partes implicadas en el proceso.
La Fiscalía pidió el pasado sábado medida de aseguramiento carcelaria tras haberles imputado los delitos de fraude procesal, violación ilícita de comunicaciones, falsedad ideológica en documento público y uso ilícito de comunicaciones.
La defensa de los uniformados, en cabeza del abogado Miguel Ángel Del Río, aseguró que todo este proceso judicial obedecía a un supuesto montaje del señalado narcotraficante Marcos de Jesús Figueroa, alias Marquitos.
Tras la petición de la Fiscalía el pasado fin de semana de enviar a los imputados a un centro carcelario para uniformados, el defensor reveló que al parecer uno de los autores de las denuncias contra los investigadores es Paul Corrales Figueroa, sobrino de alias Marquitos, en medio de una estrategia que, según Del Río, consiste en pasar de matar policías a hacerles montajes ante la justicia.
Además, señaló, alias La Penca -también integrante de la organización criminal de alias Marquitos-, fue quien habría entregado los números de los oficiales presuntamente corruptos por los cuales están siendo judicializados Tocarruncho y Velásquez.
La Penca, agregó el abogado, estuvo en una reunión en Barranquilla desde donde se fraguó, al parecer, el montaje contra los investigadores del caso contra alias Marquitos.
Del Río aseveró que los uniformados interceptaron a sus propios compañeros policiales porque sus números fueron entregados por la fuente de alias La Penca.
Finalmente, aseguró tener en su poder grabaciones que comprometerían supuestamente a la fiscal Jenny Ortiz Ladino, que fue quien denunció las supuestas anomalías cometidas por los investigadores de la Dijín.
No obstante, el juez dijo que había indicios que permitían inferir que el mayor y el sargento sabían que estaban interceptando a los policiales para descubrir si habían cometido actos de corrupción.
El pasado fin de semana, el fiscal Daniel Hernández aseveró que en mayo de 2018 tres de los cinco policías presuntamente interceptados fueron señalados de haberse robado un dinero durante una diligencia judicial en Cali, por lo que los dos investigadores de la Dijín, supuestamente, interceptaron a los uniformados policiales.
'No era esa la manera para saber si sus compañeros de trabajo eran corruptos', le dijo el fiscal al mayor.
