Tras conocerse la decisión de la Corte Constitucional que falló a favor una tutela que presentó el exministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, para que su condena a 17 años de prisión sea revisada en segunda instancia, abogados penalistas emitieron su análisis sobre lo que denominaron un hecho histórico para los derechos fundamentales y los derechos humanos.
Víctor Mosquera, abogado de Andrés Felipe Arias, reiteró que la decisión tomada por cinco de los magistrados del alto tribunal en favor del exministro es un hecho histórico, ya que, en su concepto, la Corte Constitucional ha reconocido una garantía judicial internacionalmente establecida por los principales instrumentos de derechos humanos suscritos y ratificados por Colombia.
'Fue un batallar constante. Primero hubo una decisión en el Comité de Derechos Humanos en favor de Andrés Felipe Arias en la que se establecía que el derecho a la doble instancia era una garantía y que se le había violado en su proceso, y ahora la Corte Constitucional, vía doble conformidad garantiza la impugnación de esa sentencia condenatoria', señaló el abogado Mosquera.
El abogado defensor de Arias indicó igualmente que la decisión de la Corte Constitucional se basa, principalmente, contra la sentencia que hubo contra Surinam en 2014, en la que se condenó a ese Estado por no cumplir con la convención Americana de Derechos Humanos, de la que dijo, establece en su artículo octavo la protección al mismo derecho de la doble instancia que en sí mismo es la impugnación de los fallos condenatorios.
'Hoy es un día histórico para las garantías judiciales y es un día histórico porque Colombia sigue avanzando en esa protección de derechos humanos y en esa reivindicación de esos derechos', recalcó el profesional del derecho.
A su vez el reconocido abogado Iván Cancino dio su análisis en el sentido de que los derechos y garantías son aplicables retroactivamente cuando son favorables y la doble conformidad o derecho a impugnar es uno de ellos.
'Es muy preocupante que existan cuatro salvamentos de voto y que además digan que no se rompe la cosa juzgada porque se da el trámite de una acción de revisión. Eso no es así, es tibieza, los derechos de reconocen como son sin importar el costo político'.
Al respecto, Cancino señaló que 'esto no es de revisión, esto es una garantía que debió darse sin tintes. Es un avance pero preocupa la timidez de la Corte en un tema claro y diáfano o como es la impugnación'.
El abogado, docente y columnista de Ámbito Jurídico, Óscar Sierra Fajardo dijo que en una apretada votación 5-4, la Corte Constitucional reconoció el derecho a la segunda instancia en el caso Arias, pero que ante ello surgen unas dudas, entre ellas si la decisión es aplicable a otros casos similares.
'Yo diría que sí por el derecho a la igualdad. La garantía está contenida en nuestra Constitución desde el 91 y en la Convención Interamericana desde la expedición misma. Ahora la Corte, al parecer, en su decisión la limita en el tiempo al 30 de enero de 2014 con ocasión de una decisión de la CIDH y por eso al caso Arias, cuya decisión fue en junio de 2014, le es aplicable'.
Y agrega: 'pero al margen de esto, imponer ese límite resulta absurdo, la garantía está en nuestra Constitución desde el 91, fue reconocida como un derecho por la misma Corte Constitucional en decisiones anteriores al 2014 y una disposición convencional no requiere una sentencia para hacerla efectiva, por lo que creo que sí se puede aplicar a casos similares, a pesar del límite que, al parecer, quedó en la decisión', conceptuó el jurista.
Finalmente, Natalia Bedoya, abogada y columnista del diario Occidente, señaló que con la segunda instancia que le reconocen al exministro Andrés Felipe Arias gana el estado social de derecho al tiempo que se reafirma el debido proceso como un derecho universal que no conoce de ideología política.
'Nuestra jurisprudencia estaba en deuda con los aforados. La doble instancia es una garantía constitucional legítima que tiene todo colombiano, sin excepción alguna. Gana Andrés Felipe Arias, pero también gana nuestro estado social de derecho', dijo la abogada.
