En la investigación por sobrecostos en la refinería de Cartagena, la Procuraduría sancionó con suspensión de 12 meses al entonces presidente y representante legal de Reficar, Reyes Reinoso Yáñez, por el pago de facturas a la firma CB&I sin el cumplimiento de la totalidad de verificaciones concertadas en el acuerdo ECM.
Así mismo, absolvió a los miembros de la Junta Directiva Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro y Diana Constanza Calixto Hernández; al presidente y representante legal y exministro Orlando José Cabrales Martínez, y al vicepresidente Jurídico, Felipe Arturo Laverde Concha. En el fallo, el Ministerio Público señaló que Reyes Reinoso 'transgredió sus obligaciones como representante de la sociedad por no realizar pronósticos sobre la posible recuperación de los recursos expuestos, es decir, los que se pagarían a través del acuerdo PIP, sin pasar por una revisión detallada por parte de la firma encargada de la revisión y aprobación de la facturación'.
Según la decisión –que puede ser apelada–, Reinoso Yáñez quebrantó la normatividad que imponía a los administradores el deber de cumplir el objeto social proyectado, por no requerir estudios de especialistas que hubieran podido conceptuar sobre las consecuencias del acuerdo que refería pagos futuros de facturas que no podían ser verificadas, teniendo en cuenta que si bien los controles de la forma que revisaba la facturación no eran perfectos, permitían identificar los pagos que procedían.
