Presuntos detrimentos patrimoniales por más de $3.740 millones estableció la Contraloría en 28 hallazgos fiscales en contratos del Ejército tras una actuación especial de fiscalización de la Gerencia Departamental Colegiada de Antioquia.
Una de las anomalías se presentó en un contrato que tenía por objeto la reparación de componentes de la División de Aviación y Asalto Aéreo, 'en el que la institución militar hizo los desembolsos sin contraprestación alguna', por lo que se habría configurado un daño fiscal estimado en $465 millones.
Además, advirtió el ente de control, los responsables de la ejecución del contrato 'fueron eximidos, sin sustento legal, de pagar una sanción por incumplimiento en cuantía de US$32.600 (cerca de $100 millones a la tasa de cambio actual)'.
Así mismo, un contratista encargado del suministro de combustibles se habría visto favorecido irregularmente al utilizar bienes fiscales en beneficio propio, ya que consiguió que el Ejército le prestara aeronaves oficiales o le facilitara otras contratadas por horas de vuelo. El presunto detrimento patrimonial asciende en este caso a los $453 millones.
Entre tanto, el organismo de fiscalización determinó también que, durante las vigencias 2016-2017, el oficial a cargo del Comando de Educación y Doctrina, recibió viáticos sin la debida legalización: 'No existen informes sobre las actividades desarrolladas, requisito indispensable de conformidad con la Directiva 006 de 2015 y Plan 1037 del 9 de marzo de 2017, para acreditar el gasto'.
La Contraloría debilidades en la labor de supervisión de los contratos 004, 006, 016, 030, 055 de 2016, suscritos por la IV Brigada, que conllevó al pago de servicios sin los soportes que evidencien la efectiva realización de las actividades, lo que genera un presunto daño por $251 millones.
De igual forma, al revisar el contrato 309 de 2016, por $471 millones, celebrado por la IV Brigada del Ejército, los auditores se encontraron con un mayor gasto al requerido para la dotación a 4.402 soldados incorporados en la vigencia 2016. 'En este caso no existen soportes que permitan tener certeza sobre el destino final, justificación, utilización y beneficiarios de los elementos adicionales por valor de $140 millones', se lee en el comunicado.
