Sin duda el hecho de 2019 en Colombia fue el paro nacional del pasado 21 de noviembre, que generó una respuesta multitudinaria y espontánea de la ciudadanía en todo el país, que dejó un toque de queda y militarización en la capital al día siguiente y como no ocurría desde 1977, y cuyos clamores llegaron hasta el Palacio de Nariño, el Congreso y la comunidad internacional.
La manifestación además agrupó una variopinta y masiva concurrencia porque el Comité Nacional del Paro se conformó con distintos sectores sociales y sobre diversos reclamos: los anuncios de reformas laborales y pensionales, la recién aprobada reforma tributaria y sus gabelas para empresarios, los asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos y la muerte de niños en bombardeos oficiales, las posturas confusas del Gobierno en medio de la implementación del proceso de paz, los recursos para la educación superior y la corrupción, el cumplimiento de los acuerdos con campesinos e indígenas y las políticas ambientales que pasan por la promoción del glifosato y el fracking.
No ha sido ajena la marcha tampoco a los desmanes, las agresiones de la fuerza pública y de los manifestantes, los daños a las edificaciones e infraestructura pública como estaciones de transportes masivos, los saqueos, las afectaciones de la movilidad, las detenciones arbitrarias e, incluso, una campaña de pánico que tuvo lugar sobre todo en Bogotá y Cali durante los dos primeros días de protestas y de la que no se han esclarecido sus orígenes.
De todos estos enfrentamientos, el doloroso símbolo resultó siendo Dilan Cruz, un joven bogotano de 18 años que padeció una muerte violenta a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios, Esmad, que le disparó a la cabeza con munición convencional mientras se manifestaba en el Centro de la capital el pasado 24 de noviembre.
Por lo demás, se cuenta un saldo de más de 700 heridos, de los cuales casi que la mitad corresponde a uniformados y la otra mitad a integrantes de la protesta; al menos 200 arrestos de manifestantes y la expulsión del país de varias decenas de ciudadanos venezolanos señalados de actos vandálicos durante el paro.
Figuras públicas y artistas que no habían sido directamente relacionadas antes por los colombianos con reivindicaciones sociales también asumieron cierta vocería tanto en las redes sociales y los medios de comunicación como en las calles. Tal es el caso del samario Carlos Vives, la cordobesa Adriana Lucía, la chocoana Goyo, el paisa Juanes, los bogotanos César López y Alejandro Riaño y hasta la señorita Colombia, María Fernanda Aristizábal.
Ante las nutridas marchas del 21 y el sonoro y espontáneo ‘cacerolazo’ del 22, el presidente Iván Duque convocó la 'Gran conversación nacional' con diferentes mesas temáticas relacionadas con los asuntos en protesta, pero el Comité del Paro se negó a participar de tal y solicitó al Ejecutivo una mesa aparte para discutir los 13 puntos del pliego de peticiones.
La vocería de las marchas la asumió Diógenes Orjuela, presidente de la CUT y los delegados de Palacio son Diego Molano, director del Dapre y el exvicepresidente Angelino Garzón.
Los 13 reclamos, de los que la semana pasada surgieron 104 puntos, que fueron catalogados por Molano como una 'constituyente', son básicamente: el retiro de la ya aprobada reforma tributaria, la derogatoria del holding financiero, la anulación de la circular sobre estabilidad laboral reforzada, la disolución del Esmad, la abstención del trámite de las reformas pensional y laboral, la no enajenación ni privatización de bienes del Estado, el cumplimiento de los acuerdos con varios sectores estudiantiles y campesinos, la revisión de los TLC, la implementación de la paz, el trámite vía legislativa de los proyectos anticorrupción, derogatoria del impuesto de Electricaribe y definición de las políticas ambientales.
