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Un año después de la realización de la Consulta Anticorrupción, dispuesta el 26 de agosto de 2018, votada por casi 12 millones de ciudadanos y que planteaba siete puntos que suponían una mayor transparencia en el ejercicio de los cargos públicos en el país, solo uno de los puntos ha sido aprobado en el Congreso.

El Gobierno, al ver la movilización ciudadana en las urnas, convocó a los partidos con asiento en el Legislativo y se propusieron, entre todos, sacar adelante los siete temas. Sin embargo, según la representante Juanita Goebertus, de la Alianza Verde -colectividad que abanderó el mecanismo de participación-, 'el balance es triste y desolador'.

El primer punto, el de la reducción de los salarios a congresistas y otros funcionarios, fue archivado en la Comisión Primera de la Cámara luego de que 37 de los 38 parlamentarios de la célula legislativa se declararan impedidos.

La cárcel para los corruptos se hundió en cuarto debate en la plenaria de la Cámara 'luego de maniobras dilatorias de ambas mesas directivas', aseveró Goebertus. Ahora cursa otro proyecto presentado por el Gobierno.

El de los pliegos tipo, sobre transparencia en contratación, está para ultimo debate en plenaria de Cámara.

En el tema de presupuestos públicos participativos ni siquiera logró pasar su primer debate en la Comisión Cuarta de Senado por falta de cuórum.

'El de la rendición de cuentas es de los únicos con noticias positivas: está en este momento para revisión en la Corte Constitucional, pero algunos puntos claves fueron eliminados del proyecto', dijo la opositora.

En los de la declaración de bienes y rentas y de registro de intereses, el primero está en último debate en la Cámara y el segundo fue debatido la semana pasada 'porque les interesaba a congresistas eliminar el registro de intereses de cónyuges y familiares, y esperamos que se apruebe la próxima semana pero nos enfrentamos a una proposición que pide eliminar este requisito'.

Y el límite de tres periodos había sido incluido en la reforma política que fue archivada en Senado en mayo de 2019.