La primera vez que en Colombia se usó el glifosato para erradicar cultivos ilícitos fue en 1978, cuando el presidente de ese entonces, Julio César Turbay, ordenó la fumigación de plantaciones de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta.
En este entonces, cuando el narcotráfico empezaba a consolidarse como un problema de seguridad, fueron erradicadas 25.000 hectáreas de marihuana. No obstante, a finales de esa década, la erradicación con este químico fracaso, luego de que el Congreso de EEUU le prohibiera al Gobierno financiarla.
Más de 40 años han pasado desde entonces y miles de discusiones en torno al uso del químico se han dado en este tiempo. Si bien se trata de una forma de intentar combatir el narcotráfico, por otro lado las quejas de los ciudadanos e inconformidad de los ambientalistas siempre han estado presentes.
No obstante, no fue hasta el 2015 que se reconsideró el uso del herbicida. Concretamente un estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió sobre los peligros de usar este químico. En él se daba una advertencia sobre los posibles efectos cancerígenos que tendría el herbicida. Ante esto, la Corte Constitucional solicitó la suspensión de las fumigaciones aéreas que solían hacerse en esa época.
El Consejo Nacional de Estupefacientes acató la orden y suspendió el uso del glifosato.
Si bien se estaban llevando a cabo planes de erradicación manual de cultivos, estos resultaban ser muy costosos y poco efectivos. Por eso, en el 2018, el Gobierno propuso retomar las fumigaciones, pero esta vez usando drones. Según la versión oficial, los impactos ambientales serían menos drásticos al aplicar el herbicida a solo unos metros del suelo.
Pero antes de que esto se pusiera en práctica, la Corte Constitucional le puso un freno y ordenó 'no reanudar la aspersión aérea con glifosato hasta que se lleve a cabo un proceso decisorio en el que un órgano independiente evalúe el riesgo que representa esta sustancia química, con base en un trámite participativo y técnicamente fundado investigaciones científicas de rigor, calidad e imparcialidad (...) que demuestra ausencia de daño a la salud y el medio ambiente'.
Finalmente este viernes la Corte Constitucional decidió mantener las condiciones que ese mismo tribunal impuso en 2017 para el retorno de las aspersiones, pero dijo que es el Consejo Nacional de Estupefacientes, CNE, el que debe determinar el cumplimiento de dichos requisitos para el regreso al herbicida.
