La jueza 14 de control de garantías de Bogotá dejó en libertad a 11 de los 12 militares capturados la semana pasada por presuntos actos de corrupción, y al único que cobijó con medida de aseguramiento lo envió a la casa por cárcel.
De acuerdo con la togada, la Fiscalía no pudo argumentar la necesidad de la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario para los suboficiales.
Los uniformados, imputados por los delitos de concierto para delinquir, fraude procesal, acceso abusivo a sistema informático, tráfico de influencias de servidor público, prevaricato por acción y falsedad en documento privado, fueron detenidos en Bogotá y Neiva, así como en Nilo, Cundinamarca y en Puerto Asís, Putumayo.
Según el ente acusador, los militares, a cambio de pagos por $4 y $5 millones, falsificaban documentos, conseguían armas, lograban ascensos y realizaban trámites ilegales para cambio de unidades en el Ejército.
Tras las denuncias al interior del Ejército Nacional, la investigación estableció que aparentemente se beneficiaban uniformados mediante nombramientos ilícitos por actos administrativos falsos, en especialidades como en inteligencia militar, logística, sanidad e ingenieros.
'Se presume que estos suboficiales con documentación falsa eran ubicados en justicia penal militar, en acción integral, artillería, comunicaciones, fuerzas especiales, aviación y talento humano, entre otras especialidades', se lee en la investigación.
El único cobijado con medida de aseguramiento, pero de detención domiciliaria, fue el suboficial Yelis Eduardo Sánchez Díaz, quien sería el encargado de los sistemas informáticos que manipulaba la red y era quien incluía la documentación falsa en el sistema.
La noticia se conoce en medio de un momento de tensión por los casos de presunta corrupción al interior del Ejército que fueron denunciados en días pasados.
El ministro de Defensa, Guillermo Botero, tomó la decisión la semana pasada de retirar al general Jorge Romero, comandante de Acción Integral del Ejército, quien es investigado por un fiscal delegado de la Corte Suprema de Justicia por presuntamente haber facilitado la entrega de salvoconductos para el porte de armas sin cumplir los requisitos a cambio de dinero durante su instancia por la Cuarta Brigada con sede en Medellín, entre los años 2015 y 2017.
