Estados Unidos formalizó este jueves ante el gobierno colombiano el pedido de extradición de Jesús Santrich, exnegociador de paz de la ya disuelta guerrilla de las FARC acusado de narcotráfico, anunció la cancillería.
El dirigente de 51 años, quien sufre de una aguda deficiencia visual, fue capturado el 9 de abril por su presunta vinculación con un plan para exportar cocaína.
'La Embajada de los Estados Unidos de América radicó la solicitud formal de extradición del señor Seuxis Paucias Hernández Solarte', el nombre de pila de Santrich, señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.
Santrich debía asumir el 20 de julio uno de los diez escaños parlamentarios que le fueron reservados al ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), como parte de los acuerdos de paz firmados en noviembre de 2016 con la ya disuelta insurgencia.
En protesta por lo que él y su movimiento consideran como un montaje jurídico, el exguerrillero realizó una huelga de hambre de 41 días.
A raíz de su deterioro físico, el gobierno aceptó un pedido de Naciones Unidas para trasladarlo temporalmente a un centro religioso de acogida donde depuso su protesta.
El pasado sábado volvió a ser llevado a la cárcel La Picota de Bogotá.
El caso del exguerrillero ha puesto a prueba la ya difícil implementación de los compromisos de paz, y ha desatado temores de que excombatientes se sientan traicionados y puedan retomar las armas.
Aunque el acuerdo blinda a los rebeldes frente a los requerimientos de Estados Unidos, también establece que quienes incurran en delitos después de noviembre de 2016 sean sometidos a la justicia ordinaria.
El gobierno estadounidense sostiene que Santrich está implicado en una supuesta conspiración para enviar cocaína después de esa fecha, aunque la justicia especial de paz acordada con las FARC no se ha pronunciado sobre ese señalamiento.
'Si cumplido el debido proceso - y con pruebas irrefutables- hay lugar a la extradición, no me temblará la mano para autorizarla', afirmó el presidente Juan Manuel Santos al momento de la captura.
El acuerdo de paz, que ha evitado unas 3.000 muertes al año, prevé beneficios jurídicos para quienes confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas del conflicto que por 50 años desangró a Colombia.
