El cuestionado preacuerdo del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, por el que pagaría cinco años de cárcel y $4.000 millones por el desfalco de más $100.000 millones de las arcas de ese departamento durante su administración (2012 a 2015), puso a pelear a las cabezas de los entes de control penal, disciplinario y fiscal del país.
El caso, además, amplifica las decenas de escándalos de corrupción del país, Odebrecht, Reficar, el ‘Cartel de la toga’, para mencionar los más sonados, en el sentido de plantear el debate sobre si vale la pena ofrecer prebendas jurídicas a los corruptos a cambio de que delaten a sus compinches.
En diálogo con EL HERALDO, el exsecretario de Transparencia de la Presidencia Camilo Enciso consideró que 'el caso de Lyons muestra el nivel de indignación al que puede llegar la gente si no percibe la ventaja que representa para la sociedad y el Estado concederles este tipo de beneficios a quienes colaboran con la justicia, por eso va a ser importante mirar si la colaboración del exgobernador se traduce en una mayor eficacia y efectividad del Estado para destapar la corrupción en todas las esferas que rodeaban a Lyons en su carrera pública'.
Entre tanto, entrevistado por este diario, el penalista Ricardo Ordóñez dijo que es 'partidario de que se tiene que buscar el principio de equilibrio entre lo que está diciendo la Corte frente al preacuerdo de Lyons y todas las figuras que hay en torno a eso, y eso es más importante que tener una condena alta, pues en los mecanismos de justicia restaurativa es importante tener este tipo de ventajas porque Lyons ayuda a la justicia a desbaratar el esquema de la corrupción en la Corte, en Córdoba, y creo que se puede sacrificar un mínimo de justicia siempre y cuando y se logre verificar que la colaboración sea efectiva'.
Enciso, no obstante, advierte que 'solo se puede conceder este tipo de beneficios siempre y cuando haya reparación plena al patrimonio, y solamente resultan admisibles este tipo de prebendas si tenemos la certeza de que los bienes que devuelve realmente corresponden con aquellos que fueron obtenidos ilícitamente y que adicionalmente haya una sanción efectiva a través de la pena de multa que también establece el Código Penal: pero el monto que se compromete a devolver Lyons realmente está muy lejos del centenar de miles de millones que se perdieron'.
La polémica
Luego de que la Corte Suprema hubiera aprobado el principio de oportunidad negociado entre la Fiscalía y el exgobernador, en un comunicado conjunto, el contralor Edgardo Maya y el procurador Fernando Carrillo advirtieron en la noche del pasado 20 de febrero que el acuerdo era 'un mal ejemplo para el país' y que 'significa que aquí se puede delinquir, cometer los actos de corrupción más atroces y luego pagar penas irrisorias y devolver sumas insignificantes de lo que desfalcaron'.
Y anunciaron, además, un incidente de reparación de perjuicios ante la Corte Suprema de Justicia 'para defender el patrimonio de los colombianos'.
Finalmente, el contralor recordó que el ente de control fiscal, víctima dentro del proceso, se ha opuesto desde el inicio del trámite al principio de oportunidad con Lyons.
Al día siguiente, en la tarde, el fiscal Néstor Humberto Martínez emitió un boletín en respuesta, en el que asegura que el preacuerdo únicamente comprendió el delito de concierto para delinquir agravado y que fue avalado en su momento por la Procuraduría.
Agregó que el proceso contra Lyons busca establecer su responsabilidad en materia criminal con los recursos de las regalías y no la responsabilidad patrimonial por los daños al erario, que compete a la Contraloría.
Por ello, advierte, 'se induce a error a la opinión pública' cuando se habla del pago de los cinco años y de $4.000 millones.
En la Fiscalía
Enumeró entonces el ente de investigación penal los 11 procesos que se le siguen al exgobernador de Córdoba, y reiteró que 'el principio de oportunidad (…) expresamente deja a salvo la continuación' de estos casos.
El primero es el homicidio de Jairo Alberto Zapa Pérez, exdirector de Regalías de Córdoba; el segundo, el ‘Cartel de la hemofilia’; el tercero, los tratamientos a pacientes inexistentes por síndrome de Down; el cuarto, los reconocimientos pensionales a docentes, y el quinto las terapias a enfermos mentales.
El sexto son los tratamientos inexistentes a enfermos de sida; el séptimo, el ‘Carrusel de la Educación’; el octavo, los contratos de ciencia y tecnología; el noveno, las irregularidades en contratación directa en el Departamento; el décimo, la extinción de dominio de bienes adquiridos por él y su núcleo familiar, por el que se han incautado seis predios de 315 hectáreas, y el undécimo, el ‘Cartel de la toga’.
En la Procuraduría
El pasado 5 de febrero, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra Lyons y contra el actual gobernador, Edwin Besaile Fayad, así como contra los secretarios de Salud de uno y otro, Edwin Preciado Lorduy y José Pareja Alemán, por las órdenes de pago de cerca de $5.000 millones a Funtierra Rehabilitación IPS, sin que existiera contrato con el Departamento para la realización de las terapias de neurorrehabilitación.
Además, desde el pasado 20 de noviembre la Procuraduría abrió indagación preliminar contra los exgobernadores Lyons; Juan Carlos Abadía Ocampo, de Valle del Cauca, y Sandra Paola Hurtado Palacio, de Quindío, por el ‘Cartel de la toga’. Estas indagaciones buscan establecer si el exfiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno Rivera, dijo la verdad acerca de que los tres exfuncionarios habrían entregado dineros con el fin de obtener beneficios ilegales en procesos judiciales en su contra.
En la Contraloría
El exgobernador de Córdoba, en materia fiscal, enfrenta seis procesos por más de $66.000 millones.
EL HERALDO tuvo acceso a documentos claves de la Contraloría en el marco de las pesquisas que se siguen contra Lyons.
El primero, y por el cual se han decretado medidas cautelares contra cuentas bancarias, inmuebles y vehículos, y en el que se sospecha hay testaferros y plata por fuera del país, es el del ‘Cartel de la hemofilia’, por $54.000 millones.
Además, el exmandatario es procesado en el ente de control fiscal por el pago de supuestos servicios de salud en terapias de neurodesarrollo, por $3.626 millones; por terapias médicas no realizadas a supuestos pacientes con síndrome de Down, por $1.345 millones; por pagos a IPS por supuestos servicios médicos, $86 millones; por el Corredor Agroecológico, por $ 4.050 millones, y por mitigación de los efectos del TLC, por $3.055 millones.
Alejandro Lyons sabía del ‘Cartel de la hemofilia’
Aunque a finales de enero Lyons estuvo citado a descargos vía virtual desde Miami en la Contraloría por el ‘Cartel de la Hemofilia’, el exgobernador no declaró porque dijo no conocer sobre este asunto y, especialmente, dijo desconocer los reparos fiscales que se le hacían.
No obstante, EL HERALDO conoció una misiva del propio Lyons, fechada en mayo de 2016, en la que denuncia ante la Fiscalía contra los representantes legales de las IPS Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana, así como contra funcionarios de la Secretaría de Salud, citando que 'la Contraloría se encuentra desde hace meses adelantando un proceso de auditoría a diferentes dependencias de la Gobernación'.
Ese mismo mes aparecieron las 10 declaraciones juramentadas de falsos pacientes hemofílicos, asegurando haber recibido los tratamientos, en la Notaría Primera de Montería, cuya titular era Luz Helena Muskus García, madre del exgobernador Lyons Muskus.
Por este caso el gobernador suspendido de Córdoba, Edwin Besaile, se involucra por la supuesta financiación de su campaña con los dineros del ‘Cartel de la hemofilia’.
Imputarán al ‘Cartel del síndrome de Down’
Para imputación igualmente está el caso por el ‘Cartel del síndrome de Down’, por $1.345 millones, abierto el 23 de febrero de 2017.
Aquí se pagaron terapias médicas que no se habrían realizado. Además, no se cancelaron individualmente, como corresponde, sino por paquetes.
Los pagos, así mismo, se acordaron incluso en documentos que no tienen ningún valor legal, entre el secretario Preciado y la representante legal de la IPS Funtierra Rehabilitación, Tania Otero Arroyo. Y se facturaron terapias físicas, ocupacionales, fonoaudiológicas, y de integración sensoriomotriz, basadas en neurodesarrollo, y terapia miofuncional.
En otra diligencia, el exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons ratificó que le entregó al senador hoy detenido Musa Besaile la suma de 600 millones de pesos, para que el congresista detuviera la orden de captura por el proceso de parapolítica que adelantaba la corporación.
El exmandatario argumentó que los recursos que fueron entregados al senador Besaile salieron de dos millonarios contratos de Ciencia y Tecnología que se celebraron en Córdoba.
A imputación por terapias de neurodesarrollo
Este diario conoció que el proceso por el pago de supuestos servicios de salud prestados por diferentes IPS, bajo la modalidad de ‘Terapias basadas en neurodesarrollo’, con recursos de la salud, la Contraloría de Córdoba está por imputar a Lyons y al exsecretario de Salud Edwin Preciado, por la suma de $3.626 millones.
En este proceso, abierto el 14 de junio de 2017, EL HERALDO conoció además varias misivas del contralor general, Edgardo Maya, requiriendo a la contralora departamental de Córdoba, Alba Luz Posada, para que agilice las pesquisas.
Aquí se cuestiona que la Secretaría de Salud no defendió el patrimonio público, ya que no debió asumir el costo de la totalidad de las terapias sino que solo tenía que pagar el costo del excedente que no estuviera incluido en el POS.
En recaudo de pruebas está otro proceso, abierto el 14 de junio de 2017, por pagos a favor de una IPS por supuestos servicios de salud prestados y pagados por la Gobernación con recursos del SGP por $86 millones.
A principios de 2017, la Contraloría trasladó estos hallazgos en Córdoba contra Lyons en misivas a la Fiscalía y Procuraduría.
