El pasado 23 de noviembre la empresa cazatesoros estadounidense Sea Search Armada, SSA, que asegura que halló el Galeón San José en 1982, denunció ante el fiscal y el procurador que el Gobierno pretende 'encargar del rescate a un nuevo contratista, y remunerarlo con tesoros que la Corte Suprema declaró de propiedad de SSA' y, en medio de un comunicado fechado el lunes, revelando las supuestas coordenadas en el Gobierno encontraría en 2015 el naufragio -que son secreto de Estado-, advirtió que 'están ubicadas apenas a 3,24 millas náuticas al norte de las coordenadas que se incluyeron en el denuncio de 1982'.
Por ello, en la denuncia de 25 páginas, a la que tuvo acceso EL HERALDO, el abogado de SSA, el barranquillero Danilo Devis, presenta 'un recuento completo de 1979 a 2017, de esta historia de corrupción y arbitrariedad que aún no termina'.
Entre tanto, en el comunicado, conocido por EL HERALDO, el abogado asegura que 'el descubrimiento anunciado por el presidente (Juan Manuel) Santos el 5 de diciembre de 2015 se realizó en las coordenadas 76° 00' 20' W 10° 13' 33' N, que se han mantenido como secreto de Estado, debido a que están ubicadas apenas a 3,24 millas náuticas al norte de las coordenadas que se incluyeron en el denuncio de 1982, como punto de partida para localizar el naufragio en su vecindad inmediata'.
Al respecto, Devis aseguró a este diario que la estadounidense no hizo ninguna expedición en el terreno para establecer las supuestas coordenadas sino que la aparente localización se hizo 'con medios tecnológicos desde los Estados Unidos'.
En el 82, la denuncia del naufragio se realizó a través del ‘Reporte Confidencial sobre la Exploración Submarina’, en el cual el descubridor señaló el lugar de su hallazgo de la siguiente manera: 'Los objetivos principales, en grueso e interés se encuentran ligeramente al oeste del meridiano 76' y están apenas centrados alrededor del Objetivo ‘A’ y sus partes asistentes que están localizadas en la vecindad inmediata de 76° 00' 20' W 10° 10' 19' N'.
Por lo que, asevera el jurista barranquillero, el naufragio 'no se denunció en esas coordenadas precisas sino en su vecindad inmediata', y atribuye a que así 'expresamente lo permitía la ley de entonces por las limitaciones técnicas de la época. Y así lo aceptó la Corte Suprema de Justicia, quien por sentencia de 5 de julio de 2007 declaró la propiedad de SSA sobre el 50% de los tesoros del naufragio'.
Califica entonces la cazatesoros que se trata de una 'distancia mínima' entre ambas coordenadas, lo que, según ellos, 'pone en evidencia la farsa del descubrimiento de 2015, el cual se realizó a partir de las coordenadas denunciadas en 1982, que fueron entregadas por SSA al Gobierno bajo un compromiso de confidencialidad que no se respetó'.
Y concluye en este sentido que 'estamos ante un galeón descubierto en 1982, y vuelto a descubrir, con trampa, en 2015'.
Así mismo, agrega la estadounidense que en febrero se proyecta adjudicar el contrato de APP para el rescate del tesoro: 'el Ministerio de Cultura está acelerando el trámite de la APP, cuyo originador se mantiene en el anonimato para asegurarle su condición de proponente único'.
El 5 de diciembre de 2015, el jefe de Estado dio a conocer el aparente hallazgo y advirtió que 'muchos historiadores y cazatesoros lo ubicaron en diversas coordenadas', pero 'se halló en un lugar nunca antes referenciado por estudios previos, a partir de estudios cartográficos, metereológicos e históricos antes desconocidos en Colombia'.
Hacía alusión la Presidencia al supuesto descubrimiento del naufragio que en 1982 hiciera la empresa Glocca Morra, que en 1983 cedió sus derechos a la Sea Search.
Y en otro boletín, el Ejecutivo afirmó, no obstante, que en 1993 el Gobierno autorizó la relocalización del San José basándose en las coordenadas dadas en 1982, pero en 1994 el ARC ‘Malpelo’ abandonó el área de búsqueda porque, aparentemente, en las coordenadas denunciadas no había ningún tipo de naufragio.
Entonces, el hoy fiscal Néstor Humberto Martínez, miembro en ese momento de la Comisión de Antigüedades Náufragas, exministro de la Presidencia y quien encabezara las negociaciones en esas fechas con la compañía estadounidense, le dijo a este diario que 'la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, del 5 de julio de 2007, confiere unos derechos –a Sea Search- sobre unas coordenadas determinadas que no corresponden a la realidad de las coordenadas donde se encuentra el Galeón San José'.
Según la SSA, pesa un embargo sobre esos tesoros, 'decretado en primera instancia por el juez 10 civil de circuito de Barranquilla en 1994, confirmado por el Tribunal Superior de Barranquilla en 1997 y reconfirmado por la Corte Suprema de Justicia en 2007'.
No obstante, también hubo una sentencia de la Corte del Distrito de Columbia, que en 2011 declaró ganador al Estado colombiano en esta misma disputa legal.
