La Sala Plena de la Corte Constitucional determinó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, debe emprender todas las acciones necesarias para recuperar el Tesoro Quimbaya. No obstante, no dio un plazo para ello.
Se trata de una colección considerada patrimonio natural y arqueológico de Colombia, que consta de 122 piezas que permanecen en el Museo de América de Madrid (España), las mismas que fueron obsequiadas por el Gobierno del expresidente Carlos Holguín Mallarino al Reino de España en 1893.
La Corte estudió una tutela que presentó el abogado Felipe Rincón Salgado quien señala que dicho tesoro, inicialmente de 433 piezas, es propiedad de la Nación, por lo cual no puede ser trasmitida y en ese sentido el presidente Holguín vulneró derechos y la ley civil vigente por donar la colección a España sin autorización del Congreso de la República.
La Corte señaló que al Gobierno debe evaluar las formas de traer el tesoro y realizar las 'mejores gestiones' para ello.
Con ponencia del magistrado Alberto Rojas Ríos, la Corte dijo que se vulneraron los artículos 63, 72 y 88 de la Corte Constitucional, por lo cual no se podía enajenar el patrimonio cultural.
La votación en este caso fue 5-1, y se presentó el salvamento de voto de Carlos Bernal. La magistrada Cristina Pardo se declaró impedida y no estaban en la discusión Luis Guillermo Guerrero y Gloria Ortiz.
El proceso
En este caso ya se había hecho una audiencia pública en la cual el abogado Rincón Salgado explicó que Holguín donó, sin autorización previa del Congreso de la República, la colección Quimbaya a la Reina María Cristina de Habsburgo-Lorena y que la reclamación no es 'inquina, ni revanchismo entre Estados'.
'La reclamación es un acto de soberanía cultural e histórica. No debemos avergonzarnos ni ser timoratos en reclamar nuestro patrimonio cultural, arqueológico e histórico. Así lo ha hecho Perú, México, Egipto y la misma España, es un tema claro de identidad. (…) Estamos convencidos que el reino de España lo retornará pues es consciente que moralmente el tesoro Quimbaya pertenece al patrimonio de Colombia', precisó en su momento.
La petición del abogado fue apoyada por la Defensoría y por la Procuraduría General de la Nación.
La Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República y la Cancillería se opusieron a las pretensiones de la tutela por considerar que en su momento fue un acto legítimo.
'Hay que mencionar que el acto unilateral del jefe de Estado de Colombia en 1893 constituyó una manifestación de voluntad de la República de Colombia, dentro del marco normativo interno vigente, al ser el Jefe de Estado el representante natural y legítimo ante los demás estados. Se trató así de un acto legítimo y revestido de legalidad', señaló en su momento la vicecanciller Patty Londoño.
