Luego de dos meses y 16 días de haber entrado en operación la EPS Medimás, los cinco millones de usuarios que recibió de la liquidada Cafesalud siguen sobrellevando los mismos problemas: falta de citas oportunas, carencia de medicamentos, nula o precaria atención a pacientes con enfermedades de alto costo e incertidumbre.
Y es que según el reporte que dio la Superintendencia de Salud este martes en horas de la mañana, a las oficinas del ente de control han llegado 10.700 casos en los que la EPS no ha brindado atención oportuna a usuarios que necesitaban servicios de salud de manera prioritaria.
Al aparecer, esta deficiencia no solo involucra a los directivos de Medimás, sino a la Supersalud. Al menos así lo demuestra la investigación que abrió la Procuraduría General al superintendente de Salud, Norman Julio Muñoz, por supuestas irregularidades en el ejercicio de sus funciones en este caso.
Según la Procuraduría, Muñoz no debió permitir ni autorizar que Medimás entrara en operaciones el 1 de agosto de 2017, sin que contara con una red que soportara adecuadamente el servicio en el país. De igual manera, el ente de control cuestiona por qué, pese al incumplimiento en la prestación del servicio de salud, no se han iniciado procesos para subsanar dichas deficiencias.
No obstante, para Néstor Álvarez, director de pacientes de alto costo, todos los órganos de control han fallado en el ejercicio de sus funciones, al permitir que esta EPS le siga violando el derecho a la salud a miles de pacientes en las diferentes regiones del país.
'Desde el 2 de agosto le hemos comunicado a todos los entes de control las quejas relacionadas con Medimás y el avance que ha tenido la problemática lo que demuestra es que por ejemplo, hay una crisis en la Supersalud. También vemos que la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría, después de mucho tiempo es que reaccionan. Ha faltado diligencia por parte de ellos', dijo Álvarez.
La Defensoría del Pueblo anunció que se apersonó de la situación y planea hacer seguimiento a las regiones para verificar lo informado por la Superintendencia y Medimás, en el sentido de que se están tomando acciones pertinentes para hacer frente a la crisis.
'Siempre hemos hablado de la responsabilidad que tienen las empresas de garantizar los derechos humanos. Esta mesa se levantará el día que estemos tranquilos en este sentido con Medimás. Estos informes los vamos a contrastar en el terreno, porque nosotros somos la Defensoría del Pueblo en terreno. Vamos a verificar los hospitales, EPS, pero además, vamos a pedirle a la Comisión Séptima del Senado que también haga parte de esta mesa interinstitucional', dijo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret, el martes en la mañana durante una rueda de prensa con la Supersalud.
En esta crisis, los pacientes que más se han visto afectados son los de alto riesgo. De acuerdo a las cifras que maneja la asociación de pacientes de alto costo, desde que empezó la operación de Medimás, se han afectado entre 10.000 y 15.000 pacientes cada mes.
Lo grave, según Néstor Álvarez, es que dichos pacientes son los que padecen enfermedades crónicas como el cáncer, las asociadas a la salud mental (esquizofrenia, bipolaridad, epilepsia), los recién trasplantados y los discapacitados. 'Se podría decir que ninguno de ellos ha tenido una atención oportuna ni completa, porque cuando les da el medicamento, entonces les hacen los tratamientos o en el peor de los casos no les dan nada de lo que necesitan', agregó Álvarez.
El reporte que se tiene de los departamentos más afectados por la situación de esta EPS son Cundinamarca, los Santanderes, la costa Caribe y la Costa Pacífica. A la Defensoría del Pueblo le preocupa la problemática que atraviesan el Valle del Cauca, Cauca, Putumayo y Nariño, porque las IPS Fundación Valle del Lili y la Clínica Imbanaco no están prestando sus servicios de salud a cerca de 180 mil usuarios de Medimás.
En cuanto a la posibilidad de traslado a otras EPS, el superintendente afirmó que la entidad ha verificado en la base de datos pública 148.000 traslados. 'Por lo pronto, no hemos identificado barreras que estén evitando que la población que quiera trasladarse de Medimás a otra EPS, lo pueda hacer', puntualizó el superintendente.
Sin embargo, se están verificando 92 quejas sobre supuestas barreras administrativas para autorizar traslados. Para Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, estos traslados hacen parte de la estrategia que tiene Medimás para lograr capitalizarse.
'La idea de ellos es que los pacientes de alto costo se pasen a las EPS que están estables, para liberarse de esta carga y así capitalizarse. Esto también deben empezar a regularlo las entidades pertinentes porque esto perjudicaría a las EPS, que tienen excelentes servicios y no sería justo con los pacientes', agregó Silva.
Frente a la solvencia de la EPS, la Supersalud manifestó que Medimás ha recibido más de 700 mil millones de pesos en su operación y cerca 550 mil millones a la red prestadora de servicios. El resto de recursos está en proceso de verificación por parte de la Supersalud y en caso de encontrarse alguna irregularidad se procederá a realizar las acciones pertinentes.
'No entendemos por qué se ha dejado que la situación avance hasta este punto. El Ministerio de Salud, como rector del sistema, no ha tenido una postura clara frente a lo que está sucediendo con los usuarios de esta EPS y aten la desinformación que han salido a decir entidades como la Supersalud, que hace poco dijo que Medimás estaba operando al 75 %', indicó Denis Silva.
Para Silva, la actitud que ha tenido la Superintendencia de Salud ha sido de favorecimiento a la EPS y no a los usuarios, como es su deber ser. 'La Defensoría también salió diciendo que les daba dos meses de plazo para tomar acciones, cuando ellos deben es responder por los pacientes', puntualizó Silva.
'Solo nuestra organización ha reportado más de 5000 PQR en los dos meses que lleva Medimás y eso que la gente ya no quiere reportar, porque sabe que no pasa nada', dijo Denis Silva.
En cuanto a las posibles soluciones para esta crisis, el vocero afirmó que la mejor solución es la liquidación, aunque le salga más costoso al Estado pero, se beneficia a los usuarios. Esta posición también es apoyada por Néstor Álvarez. 'Debería haber una total eliminación de esta EPS y habilitar a las demás para que les garanticen atención a los pacientes que están padeciendo por esta crisis', dijo Álvarez.
