'El derecho a la educación de las personas con discapacidad solo puede realizarse en un sistema educativo inclusivo, lo cual debe lograrse en el sistema de educación regular, entendido este como todos los entornos de enseñanza ordinaria', dice una demanda presentada ante la Corte Constitucional.
La acción judicial presentada por Lucas Correa Montoya considera que la normatividad actual crea una educación especial, pero segregado, que estaría en contra de instrumentos internacionales como el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas y las observaciones realizadas por este.
'(…) plantea, por lo tanto, un rechazo radical hacia cualquier forma de educación especial, segregada o integrada, como las que se ordenan y permiten en las normas que se demandan. Un modelo educativo en el que los estudiantes con discapacidad sean apartados y aislados violenta en derecho a la igualdad y a la correlativa prohibición de discriminación, que incluye el derecho a no ser objeto de segregación', dice la demanda.
Para Correa Montoya, el Estado debe garantizar una educación inclusiva para las personas en situación de discapacidad, que lleve a los maestros y a las autoridades educativas 'a que se cuestionen sobre los métodos de enseñanza y busquen la manera de ofrecer respuestas apropiadas para estudiantes con y sin discapacidad'.
Por esa razón, Correa Montoya demanda varias expresiones como 'especial', 'especializado', entre otras, contenidas en el artículo 36 de la Ley 1098 de 2006, los artículos 46 y 48 de la Ley 115 de 1994, los artículos 10, 11 y 12 de la Ley 361 de 1997 y el artículo ley 14 de 1990.
En su criterio, ese trato especial que se ordena para el modelo educativo actual para las personas en situación de discapacidad realmente termina excluyéndolas del sistema general de educación, esto es, separando a los niños y niñas en esta situación del resto de la población. Además, argumenta que las medidas no son idóneas, sino que son discriminatorias por no permitir el acceso al sistema educativo regular.
Para Correa Montoya es falso que las personas en situación de educación necesitan una educación segregada, por considerar que esta idea viene de un estigma y de un estereotipo discriminador.
Cuentas al Gobierno
Esta acción judicial fue admitida por la magistrada Cristina Pardo, quien le pidió al Ministerio de Educación informar el porcentaje de niños en condiciones de discapacidad que están en colegios de educación convencional y especializada.
El Ministerio deberá explicar a la Corte cuál es la cobertura de planteles educativos especiales y convencionales y qué políticas públicas y planes tiene para el acceso a la educación de esta población.
La Corte pidió al Ministerio y a las Secretarías de Educación de Cali, Antioquia, Bogotá y Barranquilla informar qué medidas se han tomado para que en los colegios 'se realicen ajustes razonables para garantizar el acceso a los niños, niñas y adolescentes en condiciones de discapacidad'.
La magistrada igualmente le solicitó a varias universidades a la Unicef, la Unesco, la Fundación para la Investigación y el Desarrollo de la Educación Especial (FIDES), al Instituto Nacional de Sordos, el Instituto Nacional de Ciegos y la Liga Colombiana de Autismo, responder nueve preguntas sobre en qué casos la discapacidad requiere una educación especial, el tipo de capacitación que requieren los profesores para lograr una educación inclusiva, las medidas o ajustes que se necesitarían para lograrlo, entre otras.
