Tal y como lo había anticipado desde hace un mes el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, el presidente Juan Manuel Santos le devolvió al Congreso de la República la ley por medio de la cual se bajaba la cotización en salud de 12 % a 4 % de los pensionados del país.
En las razones que se exponen al presidente de la Cámara, Miguel Ángel Pinto, el Gobierno señala que le revisten objeciones de inconstitucionalidad e inconveniencia, y que se hacen para proteger a 4,4 millones de afiliados y al propio esquema de subsidios que beneficia a una buena parte de la población.
En los vicios de constitucionalidad el Gobierno indica que la votación del informe de conciliación careció de unanimidad, se eludió el debate parlamentario y no fue saneado. Igualmente el gobierno sostiene que la exención tributaria no contó con el aval.
En lo económico, el gobierno dice que se compromete la financiación del Sistema de Salud al generar un impacto fiscal promedio anual de 3,7 billones de pesos, entre el 2017 y el 2022, y que en 20 años, el valor presente neto del impacto ascendería a 100 billones de pesos a precios del 2017.
Ahora, el proyecto al regresar al Congreso deberá ser discutido por las plenarias para decidir si acogen o no las objeciones, de no aceptarlas el mismo deberá ir a la Corte Constitucional.
Otra objeción
El jefe de Estado, finalmente, objetó el proyecto de ley que establecía la reducción de las semanas por cotizar para acceder a la pensión por parte de las mujeres, con lo cual, dice, 'no solo se garantiza los principios de solidaridad y eficiencia del sistema de seguridad social, sino que protege su sostenibilidad financiera'.
