Con el levantamiento de la sala plena este martes en la mañana, el Consejo de Estado puso en espera la decisión de devolverle o no los derechos políticos a la exsenadora Piedad Córdoba, sobre la cual pesa una inhabilidad de 18 años interpuesta por la Procuraduría General de la Nación.
Fuentes de ese tribunal señalaron a El Tiempo que ese proceso no es prioritario y que la decisión podría tardar otros meses más.
Con gran expectativa se esperaba la decisión del máximo tribunal de lo contencioso administrativo, en especial después de conocida la ponencia del magistrado William Hernández en la cual argumenta que las pruebas usadas por el Ministerio Público para sancionar a Córdoba en 2010 no eran válidas.
En ese momento, la Procuraduría afirmó que la exsenadora asesoró a las Farc para el envío de videos con pruebas de vida a secuestrados y la presunta defensa de algunos exjefes de esa guerrilla.Dicha información apareció en los computadores que se hallaron durante la operación en la que cayó alias Raúl Reyes.
El Ministerio Público también la inhabilitó por 14 años en el 2012 por haber supuestamente aportado 25 millones de pesos a la campaña de Ricardo Montenegro a la Cámara en 2010, cuando ella era parlamentaria.
Horas después de que se conociera el proyecto del Consejo de Estado, Córdoba se pronunció a través de su cuenta de Twitter.
'El país sabe que me inhabilitaron arbitrariamente con pruebas que la Corte Suprema invalidó', escribió en su red social.
'Si las pruebas no tuvieron validez para la Corte Suprema, máxima instancia jurídica, ¿por qué para el Procurador sí lo tuvieron?', se preguntó Córdoba.
