Cincuenta hallazgos por 30.846 millones de pesos estableció la Contraloría General de la República en el manejo de las regalías en el Caribe.
EL HERALDO conoció que los hallazgos fiscales de mayor cuantía se concentran en La Guajira: 14 por $19.868 millones. Le siguen Cesar, con 20 por $4.417 millones; Bolívar, 4 por $2.053 millones; Magdalena, 5 por $1.900 millones; Sucre, 3 por $1.644 millones; Córdoba, 3 por $676 millones; y Atlántico, con 1 por $285 millones.
El ente de control reportó que los cinco hallazgos con presunta connotación fiscal más significativos para esta región, se distribuyen en los sectores de agua potable, educación, agricultura y vivienda ciudad y territorio.
La Contraloría se dio en el segundo semestre de 2015 a la tarea de averiguar qué pasó con los recursos de las regalías que se repartieron en la Costa Atlántica.
El ente de control fiscal, que hace auditorías selectivas -pues no puede abarcar todos los departamentos y municipios por un tema de cobertura y costos- y siempre en razón de la cuantía de los recursos y el impacto social de los proyectos, presentó en noviembre pasado una serie de informes con la revisión de los recursos de regalías durante los años 2012, 2013 y 2014.
En estos informes se revela que en la región Caribe hubo problemas con el giro de anticipos sin el lleno de requisitos en el Atlántico, con obras que se pagaron pero que no se terminaron en Cartagena y con cultivos para generar biocombustibles que no existen en Sucre, entre otros.
ATLÁNTICO
El informe de auditoría enviado al exgobernador José Antonio Segebre da cuenta de que en el Atlántico fueron aprobados 28 proyectos de la Gobernación por valor de 284.192 millones de pesos, y de esos se seleccionaron para analizar 15 proyectos por valor de 188.349 millones.
La Contraloría califica la gestión en materia de ejecución de regalías como 'favorable' y le concede un puntaje de 83,4.
Sin embargo, advierte que se establecieron siete hallazgos administrativos con presunta incidencia disciplinaria y uno de ellos con presunta connotación fiscal.
Anticipos enredados
La Gobernación suscribió el 1 de octubre de 2014 el Convenio de Cooperación 0110 con la Fundación para el Desarrollo de Alianzas Estratégicas Productivas y Sociales, Fundalianza, cuyo objeto era 'aunar esfuerzos para el mejoramiento genético y fortalecimento de la ganadería bovina en el departamento del Atlántico', por valor de 5.143 millones de pesos.
El departamento aportaría 2.548 millones de las regalías, Fundalianza unos 158 millones y se comprometería a gestionar la suma de 2.400 millones a través del trámite de los recursos de crédito de la línea Finagro, 'para la adquisición de 900 toros reproductores puros de raza cebuina y de la comercialización de los 900 toros, que actualmente tengan al servicio en sus hatos, los beneficiarios del programa'.
Se comprometía además el Atlántico, de acuerdo con la cláusula cuarta del contrato, a realizar sus aportes con la entrega de un anticipo del 50 por ciento de los recursos de regalías y el 50 por ciento restante mediante actas parciales. Y el anticipo, por valor de 1.292 millones fue cancelado el 28 de octubre de 2014 a Fundalianza 'sin haberse constituido una Fiducia para tales efectos, como lo establece el artículo 35 del Decreto 1510 de 2013', indica la auditoría.
Señala aquí la Contraloría que del valor girado por el anticipo, Fundalianza gastó la suma de 208 millones de pesos 'sin embargo, el propósito del convenio finalmente no se llevó a cabo, ya que fue suspendido el 7 de abril de 2015, porque Finagro, entidad donde se debía tramitar el crédito para la adquisición de los 900 toros, emitió la circular P-8 de 2015, la cual no incluyó dentro de los rubros elegibles para obtener el Incentivo a la Capitalización Rural, ICR, para esta vigencia, el de los Toros Reproductores Puros'.
Finalmente, el 28 de mayo de 2015 se firma el acta de terminación del contrato y el 21 de septiembre de 2015 se liquida, 'presentándose un detrimento en el patrimonio de la Gobernación por la inobservancia del principio de planeación, ya que el giro del anticipo no debió efectuarse hasta tanto la Gobernación del Atlántico no tuviera la certeza de que Fundalianza poseyera la aprobación o los dineros, sobre la gestión de los recursos de la línea de crédito de Finagro'.
Por ello, el ente de control halla un presunto detrimento en el patrimonio del departamento por valor de 285 millones de pesos.
CARTAGENA
Los resultados de la auditoría arrojaron el resultado de una gestión 'favorable' de los recursos de regalías en la capital bolivarense, con una calificación de 80,025 puntos, como consta en la comunicación dirigida al exalcalde Dionisio Vélez Trujillo, quien regentó la ciudad entre mediados de 2013 y 2015, sucediendo a Campo Elías Terán, quien gobernó durante casi todo 2012.
No obstante, de los 97.039 millones de pesos asignados por regalías, de los cuales se ejecutaron 48.62 millones, y en los 28 contratos que se revisaron por parte del ente de control fiscal, se encontraron 19 hallazgos administrativos, de los cuales cuatro corresponden a hallazgos con presunto alcance fiscal por 2.023 millones de pesos, 11 con connotación disciplinaria y uno quedó para apertura de indagación preliminar.
Obras pagas que no se hicieron
El contrato 45678910 del 16 de mayo de 2014 se suscribió entre la Unión Temporal 'Vías de Cartagena' y el Distrito de Cartagena, con el objeto de la 'Construcción, mejoramiento, rehabilitación y adecuación de vías en diferentes barrios y sectores del Distrito de Cartagena', por un valor de 10.343 millones de pesos.
Tenía un plazo de ejecución de ocho meses pero a noviembre de 2015, señala la Contraloría, tenía un avance físico del 85,9 por ciento y un avance financiero del 83,68 por ciento. El contrato está suspendido, como también está suspendido el contrato de la interventoría 45678910 del 3 de septiembre de 2014 con el Consorcio 'Intervías Cartagena 2014', por valor de 517 millones de pesos.
Se suspendió el contrato el 10 de septiembre de 2015, por la espera de las instalaciones de tubería de acueducto y alcantarillado por parte de la Empresa Aguas de Cartagena y de acuerdo a la auditoría 'se presenta atraso significativo en la ejecución, ya que la terminación de la obras se contemplaba para el 14 de Septiembre de 2015 (…), vulnerando el principio de planeación'. Tampoco, a la fecha del informe, presentaba el proyecto licencia ambiental para explotación de material de sub-base y en la ejecución no había plan de manejo ambiental presentado por el contratista, sin que lo exigiera la interventoría.
Además, 'se evidencia la existencia de mayores cantidades de obras pagadas no ejecutadas, y obras de mala calidad', las primeras por 650 millones de pesos y las segundas por 18 millones, en los barrios de Las Brisas, Las Américas, Olaya Herrera, La Consolata, corregimiento de La Boquilla, San José de los Campanos, Vista Hermosa, Luis Carlos Galán, San Fernando, Blas de Lezo, El Reposo, 7 de agosto y el corregimiento Pasacaballos.
Para el organismo de control, esto 'refleja debilidades en los procesos y procedimientos en la etapa de planeación y contractual, al igual que no se está haciendo una eficiente supervisión y seguimiento de la obra por parte del interventor y supervisor del municipio como también se ha generado el no cumplimiento con el objeto contractual por parte del contratista', generándose un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y alcance fiscal por 669.244 millones de pesos.
Sobrecostos en salud
En el proyecto 'Ampliación de atención en salud para la población pobre y vulnerable no afiliada y para eventos no cubiertos con subsidios en Cartagena', aprobado el 16 de octubre de 2012 por valor de 7.895 millones de pesos, con fecha de inicio del 1 de noviembre de 2012 y de finalización del 31 de diciembre de 2013, hubo tres aparentes irregularidades.
De acuerdo a la auditoría, 'se autorizaron pagos por suministros de medicamentos y procedimientos que se encuentran incluidos en el POS, lo que denota que se incurrió en gastos que debieron ser asumidos por las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Subsidiado y/o Entes Territoriales responsables de su atención', lo que ocasiona un presunto detrimento al patrimonio del Distrito por 130 millones de pesos.
Así mismo, el ente de control, al consultar los precios de los medicamentos facturados 'se aprecia que existe sobreprecio con respecto a los valores facturados', lo que genera un presunto detrimento al patrimonio en la suma de 698 millones de pesos, ya que hubo 'ineficiente seguimiento y control de la auditoría practicada sobre la facturación presentada por las IPS, lo cual trajo como consecuencia que el ente territorial pagara facturaciones con precios por encima de los del mercado'.
Y, finalmente, al confrontar el organismo los valores facturados y pagados, contra los registros de notas de enfermería y de evolución domiciliaria, 'se observa que existe un menor valor en cuanto a las cantidades aplicadas a los pacientes con respecto a lo facturado', constituyéndose así un hallazgo administrativo con presunta connotación disciplinaria y alcance fiscal por 524 millones de pesos.
SUCRE
La misiva, dirigida al exgobernador Julio César Guerra Tulena, da cuenta de que en la región sucreña se aprobaron 23 proyectos por valor de 232.332 millones de pesos, por los cuales se suscribieron 52 contratos en los que se han generado pagos por valor de 112.294 millones de pesos.
Califica el ente de control como 'favorable' la gestión en la ejecución de los recursos de regalías por parte del departamento y le da una nota de 80,169 puntos.
Advierte además el organismo que en desarrollo de la auditoría se establecieron seis hallazgos administrativos, de los cuales seis tienen incidencia disciplinaria, uno penal y dos tienen connotación fiscal 1.570 millones de pesos.
Cultivos que no existen
Uno de los contratos cuestionados es el 008 de 2013, cuyo objeto es la implementación de la Jatropha Curcas (planta de semillas con aceite) como materia prima para la industria del biocombustible, la cual por sus condiciones era apta para su cultivo en la zona, según los estudios previos.
No obstante, tras la visita realizada por la Contraloría el 27 de octubre de 2015, se observaron 'cultivos de forma irregular, es decir, los terrenos cultivables no poseen la cantidad de plántulas establecidas en los estudios previos. La mayoría de éstas se encuentran muertas y las que sobreviven se encuentran dentro de la maleza de la zona, no generando ninguna productividad ni beneficio para la comunidad, ya que el terreno no era apto, ni hubo el seguimiento establecido en los pliegos de condiciones'.
Por ello, se advierte que hay un presunto daño de alcance administrativo, disciplinario y fiscal, por el valor total del contrato de prestación de servicios e interventoría, lo que asciende a una suma de 1.286 millones de pesos.
Critica la auditoría en este sentido que no existen cultivos y que los lugares objeto de la siembra se encuentran abandonados, por lo que 'no se obtuvo el producto (aceite) lo cual no permitió implementar predios productivos, como estrategia de generación de empleo e ingresos' ni se logró 'la sustentación alimentaria que ayudaría a la erradicación de la pobreza extrema, motor dentro del plan de desarrollo regional'.
Playas sin salvavidas
El proyecto de la Gobernación que tenía como objeto el 'Apoyo al ordenamiento de playas del corredor turístico Coveñas, Tolú y San Onofre', costó 1.798 millones de pesos y buscaba mejorar el ordenamiento, la seguridad y la señalización de las playas beneficiarias.
Sin embargo, cuando se revisó el contrato 013 de 2013, celebrado con el Consorcio Corredor Turístico, se halló que 'los objetivos del proyecto no se han cumplido en lo referente al mejoramiento de las condiciones de rescate y salvamento e información turística en zonas de playa, debido a que se evidenció que las 12 torres salvavidas no cuentan con personal que desempeñe la labor de ayuda y rescate ante cualquier evento de peligro'.
Así mismo, se estableció por parte de la Contraloría que los siete puntos de información turística, PIT, 'no cuentan con personal asignado que los atienda, lo que significa que estos elementos se encuentran sin uso'; en San Onofre y Santiago de Tolú 'se encuentra desarmado un punto de información turística en cada municipio, los cuales están en la Alcaldía y en la Secretaría de Turismo', y en Coveñas 'un punto de información turística se encuentra dañado'.
Para el ente hay un supuesto detrimento patrimonial de 283 millones de pesos, ya que 'el proyecto no ha logrado el mejoramiento de las condiciones de seguridad marítima, rescate y salvamento, y la información turística en zonas de playa, ya que 'las administraciones municipales de los entes territoriales beneficiados, como son Tolú, Coveñas y San Onofre, no han realizado acciones para poner en funcionamiento las torres salvavidas y puntos de información turística'.
LA GUAJIRA
El departamento de La Guajira tiene el hallazgo con incidencia fiscal de mayor cuantía ($10.858 millones), por la construcción del acueducto y alcantarillado del corregimiento de Camarones en el municipio de Riohacha .
Allí se evidenció falta de permisos ambientales y de requisitos en la Fase III de dicho proyecto, así como actos expedidos por el Ministerio de la Protección Social que permiten concluir que la calidad del agua no es apta para el consumo humano.
Por su parte el sector de educación acumula 5 hallazgos con presunta incidencia fiscal por $4.547 millones, siendo el de mayor cuantía uno detectado en la Gobernación de la Guajira por $3.856 millones, relacionado con un contrato para la interventoría técnica administrativa y financiera a la ejecución de los proyectos de apoyo a las estrategias de acceso y permanencia de la cobertura educativa.
CESAR
En el sector de vivienda, ciudad y territorio registró 8 hallazgos con presunta incidencia fiscal por valor de $ 2.365 millones, sobresaliendo el municipio de Chiriguaná (Cesar) con uno por $1.413 millones que corresponde a problemas de vulnerabilidad estructural en vivienda de interés social y fallas de supervisión y control en la ejecución del Convenio No. 007 de 2013.
Además, se realizaron cambios en el diseño arquitectónico no aprobados por el Ministerio de la Protección Social, que implican el incumplimiento del proyecto viabilizado y por tanto dificultan el logro de los objetivos y metas propuestas con el mismo.
