Algunas de las más de 800 víctimas de alias Don Antonio se quejaron tras conocer el monto por el que les vino la segunda reparación que les hizo la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas: 193 mil pesos (leer entrevista con Juan Carlos Morales).
EL HERALDO conoció la Resolución 01116 del 4 de diciembre de 2015, suscrita por la directora de la Unidad, Paula Gaviria, en la que se repara a 740 víctimas mayores de edad con 1.360 millones de pesos, a 86 menores de edad con 215 millones, a 24 fallecidas con 73 millones y a 17 víctimas sin identificar y ubicar con 42 millones.
En el documento de 44 páginas se ordenan las reparaciones, algunas por 193 mil pesos, otras por 284 mil, unas por 1 millón 706 mil, también por 3 millones 306 mil, por 7 millones 584 mil y así hasta un par por 25 millones de pesos.
La Unidad señala en el acto que a través del mismo 'da cumplimiento parcial a lo ordenado en las sentencias de fecha 7 de diciembre de 2011 y 6 de junio de 2012 (…) proferidas por el Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Justicia y Paz y la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal (…) en contra de los postulados condenados Andrés Mauricio Torres león y Édgar Ignacio Fierro Flórez (…)'.
Fierro Flórez, otrora alias Don Antonio, fue el comandante del Frente ‘José Pablo Díaz’ del Bloque Norte de las AUC, que delinquió en el Atlántico y parte del Magdalena. El pasado 10 de diciembre, el exparamilitar fue favorecido con la decisión de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, que ordenó su libertad a prueba, por un término de cuatro años, tras haber pagado su pena alternativa de ocho años de prisión. Sin embargo, en su contra pesa una medida de aseguramiento por presunto falso testimonio en el caso de Silvia Gette, y por ello no saldría aún de la cárcel.
Esta segunda reparación que reciben las víctimas de Fierro Flórez obedece a que, según la Unidad, para la vigencia de 2014, el Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha contra el Crimen Organizado, Frisco, transfirió al Fondo para la Reparación de las Víctimas -administrado por la Unidad- la suma de 3.600 millones de pesos, y se estableció que 'los recursos se distribuirán de manera proporcional con los montos establecidos en la sentencia de Justicia y Paz entre todas las víctimas reconocidas en los procesos de Justicia y Paz cuyas sentencias se encontraban ejecutoriadas a diciembre de 2014'.
La queja de las víctimas en general de Justicia y Paz ha sido que no han recibido las reparaciones dictadas en sentencias judiciales sino que las han reparado conforme a la Ley de Víctimas, que no permite reparaciones superiores a los 40 smlmv, que viene siendo unos 26 millones de pesos. Y en el caso concreto de Don Antonio, por ejemplo, mientras que en la sentencia de Justicia y Paz de 2011 se ordenó pagos que iban de los 14 a los 528 millones de pesos; en la primera resolución de la Unidad, en 2013, se ordenan desembolsos que van de los 9 a los 26 millones de pesos.
Los $500 mil para Mercedes
Mercedes Echeverría Correa tiene 62 años. Le tocó desplazarse de Barranquilla desde 2004 por las amenazas de muerte, las coronas mortuorias y los tres asesinatos de sus colegas sindicalistas de Anthoc (Ricardo Orozco, en el 2001; Carlos Barrero, en 2003 y Luis Torres, en 2004).
La reparación de diciembre le llegó por 506 mil pesos, pero ya se gastó 450 mil en pasajes por un error de la oficina de víctimas: 'Al llegar a la oficina en Barranquilla, además de que me trataron mal, me dijeron que tenía que ir a Bogotá porque allá estaba mi domicilio, y en Bogotá llego y están de vacaciones, y cuando me pueden atender me dicen que mi pago era en Barranquilla'.
Advierte además que 'hay desplazados de estratos, porque si eres dirigente y defensor de DD.HH. tienes un trato diferente al campesino, y si a mí me han tratado así, imagínate a la pobre gente'.
Se quejó también Echeverría, a quien por la sentencia de Justicia y Paz le correspondía una reparación de 70 millones de pesos, de que 'nos vienen dando la reparación como en cuotas, y cada vez son más bajas. Van dos: una que fue de 20 millones y esta otra de 500 mil pesos'.
Para Mercedes 'el problema no es económico sino que hay cosas que no se van a pagar nunca: gente que ha muerto por desplazamiento, gente que ha perdido hijos prostituidos, yo tengo una depresión que no me aguanta ni mi marido ni mis hijos, y eso no lo curó nadie, Justicia y Paz nunca me puso un médico. Y eso no tiene valor: haber dejado tu casa, tus hijos. No tengo trabajo, no tengo salud, no me han pagado mi pensión'.
Concluye afirmando que está de acuerdo con la paz de Cuba con las Farc pero, señala, 'la paz no es lo que se firme allá, sino lo que se va a hacer con las víctimas'.
Un caso similar al de Mercedes Echeverría vivió Lorena Pérez Roa, de 38 años. En la segunda reparación que les hizo la Unidad a las víctimas de Don Antonio recibió solo 294 mil 659 pesos.
El 6 de febrero Lorena cumplirá 12 años sin su hermano Geovaldy José, quien fue asesinado por el grupo paramilitar en Sabanalarga. La sentencia de Justicia y Paz fijó un monto de 32 millones de pesos para su reparación.
'En la primera sentencia me dieron 24 millones, pero ahora solo recibí 294 mil pesos. Es una cifra que no se justifica y que me parece una burla', sostuvo Lorena, quien aseguró que tuvo que desplazarse en tres ocasiones desde Luruaco, lugar donde actualmente reside, a Barranquilla, donde cobró la indemnización.
¿Quién es Don Antonio?
Édgar Ignacio Fierro Flórez, alias Don Antonio, fue comandante del frente José Pablo Díaz de las Autodefensas, que delinquió en el Atlántico y el municipio de Sitionuevo (Magdalena), entre 2001 y 2006. Fierro Flórez, oriundo de Campo Alegre, Huila, fue capitán del Ejército y subteniente de la Armada nacional hasta el 4 de agosto de 2002, cuando es llamado a calificar servicios. Durante su militancia en la Ejército estudió ciencias militares y de las armas. ‘Don Antonio’ ingresó a las autodefensas en 2003 después de haber sido destituido del Ejército por haber hecho un allanamiento ilegal, de civil, para presuntamente incautar armamento a un grupo guerrillero en Cesar. Ingresó como inspector del frente Mártires del Valle de Upar, sin embargo, rápidamente y por su formación militar fue nombrado comandante del Frente José Pablo Díaz hasta la fecha de la desmovilización de la estructura que fue el 8 de marzo de 2006. Édgar Ignacio Fierro Flórez fue condenado por su responsabilidad en cadena de mando, en 170 hechos, de los cuales 129 fueron homicidios cometidos por los hombres a su mando. Entre los crímenes aceptados por Fierro Flórez también se encuentran el concierto para delinquir, casos de desplazamiento, tortura, reclutamiento, secuestro, hurto y un caso de acceso carnal violento.
'Las víctimas no han sido reparadas aún'
El representante de víctimas y director del Colectivo de Abogados ‘Opción Jurídica’, Arturo Mojica, asevera que no se sabe de dónde salieron los cálculos para que unas reparaciones vinieran por 200 mil pesos y otras por 15 millones: 'Encontramos una resolución en la que reparan conforme a una serie de cálculos que a ciencia cierta no sabemos cómo se realizaron. Y estamos hablando de crímenes de lesa humanidad como desaparición, desplazamiento, homicidios o ejecuciones extrajudiciales'.
Advierte en este sentido el jurista que 'estas sumas no están acordes con lo dictado por Justicia y Paz ni con lo dictado por la Corte Suprema. E inicialmente lo que hicieron fue expedir una resolución en la cual ellos subsidiariamente reparaban a las víctimas con un tope no mayor a 40 smlmv-como lo establece la Ley de Víctimas-, y el resto de la reparación que ordenó la Corte Suprema aún no se ha producido en su totalidad'.
Sobre la disyuntiva que hay sobre si la reparación debe ser con lo establecido en la Ley de Víctimas o de acuerdo a las sentencias de Justicia y Paz, explica que 'sentencias de la Corte Constitucional han dicho que el Fondo de Reparación no puede limitar la reparación a actos administrativos porque la Corte Suprema determinó que la Ley de Víctimas es una ley asistencial mientras que Justicia y Paz busca la verdad, justicia y reparación.
La Corte Suprema inicialmente ordenó reparaciones bastantes cuantiosas, pero el Fondo se ha escudado en la Ley de Víctimas para reparar solo hasta los 40 smlmv'.
Finalmente, alerta Mojica sobre lo que ocurriría con las víctimas en el proceso de paz de La Habana, 'ya que probablemente esas víctimas tengan igual reparación de las de las AUC, toda vez que las Farc han dicho que no tienen bienes para reparar'.
Para el abogado defensor de Derechos Humanos y asesor de víctimas de Don Antonio, José Humberto Torres, la segunda sentencia que otorga bajas cifras de dinero a los afectados por el excomandante de las AUC, demuestra que 'el Estado se ha burlado de ellas haciéndoles conejo a la hora de concurrir al pago de las indemnizaciones ordenadas mediante sentencia judicial'.
Torres advirtió que en la Unidad de Víctimas han acudido a una aplicación 'perversa' de la Ley de Víctimas, ya que mientras que en sus en sus sentencias los magistrados de la jurisdicción penal especial de Justicia y Paz ordenaron el pago a las víctimas de determinados montos de dinero como medida de reparación, la Unidad de Víctimas 'dio carácter vinculante a un concepto del Consejo de Estado y en tal virtud decidió arbitrariamente apartarse de las decisiones judiciales'.
'La Unidad procedió a reparar a las víctimas aplicando los ridículos montos establecidos en la Ley de víctimas, lo cual a todas luces en ilegal, en mi criterio esa conducta de los funcionarios de la Unidad constituye un delito de prevaricato y un desacato a una decisión judicial', sostiene el abogado.
De igual manera se pronunció el abogado Gabriel Mejía, quien también asesora a más de 30 víctimas del exparamilitar. Mejía define la sentencia como 'humillante, grosera e improvisada'.
'Cómo es posible que le den 193 mil pesos a una víctima como reparación. El Estado debe cumplirles a las víctimas y garantizarles que la reparación sea completa y no por pedazos como han venido haciéndolo. Alegan que los bloques entregan bienes para poder cumplirles a las víctimas, pero la Fiscalía, ente competente para hacerlo, no los persigue para que los entreguen', manifiesta Mejía.
