La Fiscalía general de la Nación vinculó formalmente ayer a 14 militares, entre ellos varios generales en retiro, a una investigación por las torturas que padecieron 11 personas durante la retoma del Palacio de Justicia tras un asalto guerrillero en 1985.
De acuerdo con la oficina de prensa del ente investigador, las víctimas de las torturas fueron nueve empleados del Palacio de Justicia y los estudiantes de abogacía Yolanda Santodomingo y Eduardo Matson.
La decisión judicial fue ordenada por el propio fiscal Eduardo Montealegre.
A los 14 militares se los investigará por su presunta participación en el delito de tortura, y serán escuchados en diligencia de indagatoria o de descargos.
Entre los afectados están los generales en retiro Iván Ramírez, Justo Eliseo Peña, Rafael Hernández y Carlos Alberto Fracica.
El caso
En noviembre del año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado por las torturas de cuatro de las 11 personas afectadas, entre ellas Matson y Santodomingo.
La sentencia de la CorteIDH estableció que los estudiantes estaban en el Palacio de Justicia el día de la toma guerrillera. Ambos sobrevivieron y cuando el fuego terminó fueron llevados a una instalación contigua al Palacio donde, en medio de golpes y vejámenes, fueron interrogados por los agentes del orden.
Después fueron trasladados a la sede de la Policía Judicial puesto que 'las autoridades estatales presumieron que habían participado en la toma del Palacio de Justicia'. Allí les pusieron parafina caliente en las manos. Según Matson, los agentes decían 'échasela más caliente'.
La decisión contra los 14 ex militares se conoce dos días después de que la Fiscalía informara el hallazgo de restos óseos correspondientes a tres personas que figuraban como desaparecidas tras los hechos del Palacio.
La toma
El 6 de noviembre de 1985 un comando del ya desmovilizado Movimiento 19 de Abril (M-19) asaltó el Palacio y demandó hacer un juicio público al entonces presidente Belisario Betancur.
Pero el gobierno de Betancur ordenó la retoma. En más de 24 horas de disparos murieron un centenar de personas, entre ellas los rebeldes y 11 de los 24 magistrados de la Corte Suprema. Además 11 personas fueron reportadas como desaparecidas.
La toma del Palacio y la respuesta de los militares derivaron en una madeja judicial y procesos penales que se abrieron y cerraron por decisión de diferentes tribunales, hasta que en 2005 la Fiscalía comenzó a investigar el caso desde cero.
Por los desaparecidos del Palacio de Justicia fueron condenados el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales y el coronel retirado Alfonso Plazas Vega, quienes han pregonado su inocencia y están detenidos en guarniciones militares. Plazas ha dicho que solo hubo un desaparecido durante la retoma del Palacio: la guerrillera Irma Franco.
El M-19 entregó las armas a principios de 1990 durante el gobierno del presidente Virgilio Barco (1986-1990).
Si bien sólo una de las guerrilleras que participó en la toma del Palacio sobrevivió a la acción armada, ninguno de sus demás integrantes tuvo que enfrentar a la justicia.
El general Ramírez Quintero, duramente cuestionado por supuestas violaciones a los derechos humanos, fue investigado en su momento por los desaparecidos pero resultó absuelto en diciembre de 2011. En esa oportunidad también fueron absueltos el sargento en retiro Gustavo Arévalo y el mayor en retiro Fernando Blanco, quienes ahora también son vinculados al proceso.
