Profundizar la investigación y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que perdieron la vida Cristina del Pilar Guarín, Luz Mary Portela y Lucy Amparo Oviedo, cuyos restos fueron identificados en las últimas horas, pidieron los representantes de las víctimas de la retoma al Palacio de Justicia, perpetrada entre el 6 y 7 de noviembre de 1985.
Los colectivos de abogados 'José Alvear Restrepo', Cajar; la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz y DH Colombia solicitaron addemás, a través de un comunicado, que el Estado determine 'la forma en que en que llegaron los cuerpos al sitio en que fueron encontrados e identificados y la responsabilidad penal de sus autores'.
'Nos sumamos a las solicitudes de las familias y de todas las personas que las han acompañado en esta búsqueda, en el sentido de requerir a los órganos investigativos el esclarecimiento integral de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que perecieron las víctimas, así como la manera en que sus restos fueron trasladados al lugar en que fueron hallados', señalaron los grupos de juristas.
Precisan además los representantes de víctimas que las labores que viene realizando la Fiscalía en la búsqueda e identificación de cuerpos, se dan con posterioridad a las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó en noviembre de 2014 la responsabilidad del Estado colombiano por graves violaciones a derechos humanos cometidas por agentes de la fuerza pública durante la retoma del Palacio.
En su decisión, recuerdan los colectivos, la Corte IDH incorporó el reconocimiento de responsabilidad estatal por la ausencia de rigurosidad en el manejo de cadáveres y salvaguarda del lugar de los hechos, así como por el indebido manejo de las evidencias recolectadas y los métodos utilizados para preservar la cadena de custodia entre otros aspectos.
'Tanto el Informe Final de la Comisión de la Verdad sobre los Hechos del Palacio de Justicia (2010), como tribunales nacionales, ya habían establecido igualmente la existencia de pruebas contundentes sobre la alteración de la escena del crimen e irregularidades en el levantamiento de los cadáveres. La Corte IDH también determinó que un grupo de personas que fueron calificadas como 'sospechosas' o 'especiales', es decir señaladas de ser guerrilleras, fueron sacadas con vida del Palacio de Justicia por la fuerza pública, conducidas a la Casa del Florero y posteriormente llevadas a instalaciones militares donde fueron torturadas. Si bien algunas de las personas torturadas fueron posteriormente liberadas y a partir de sus valerosos testimonios es que las autoridades judiciales lograron reconstruir el modus operandi de la fuerza pública, otro grupo en el que se encuentran los trabajadores y trabajadoras de la cafetería se encuentran desaparecidos', se lee en el comunicado
Agregan los abogados que existen videos en los que se evidencia la salida con vida bajo custodia militar de varias personas, entre ellas, el administrador de la cafetería Carlos Augusto Rodríguez Vera, quien se encuentra desaparecido; del guerrillero del M-19 William Almonacid, quien apareció ejecutado posteriormente y del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán Rojas, quien luego de ser evacuado con vida fue desaparecido y apareció ejecutado al interior del Palacio.
Advierten finalmente los colectivos que 'dentro de los procesos penales se demostró con certeza que Carlos Augusto Rodríguez e Irma Franco Pineda fueron sacados vivos del Palacio de Justicia y desaparecidos forzadamente, hechos por los cuales se encuentra condenado en segunda instancia el coronel (r) Alfonso Plazas Vega'.
Y critican los representantes de víctimas que a un año de proferido el fallo de la Corte Interamericana, 'el cumplimiento estatal es mínimo, particularmente frente a su obligación de investigar los hechos de tortura, desaparición forzada y ejecución extrajudicial cometidos; proporcionar de forma inmediata tratamiento médico y psicológico a los familiares de las víctimas y realizar el acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos declaradas en la sentencia, que debería estar en cabeza del presidente de la República'.
Concluyen que la conmemoración del trigésimo aniversario de estos hechos, que se dará en un par de semanas, 'debe ser un fuerte llamado de alerta para que el Estado colombiano salde la deuda histórica de verdad, justicia y reparación con las víctimas de los hechos del Palacio de Justicia'.
Piden en este sentido los colectivos hallar los cuerpos de todas las personas desaparecidas y entregar sus restos a sus familiares, se cuente con expertos en asuntos forenses que acompañen las acciones de búsqueda y que se dé cumplimiento inmediato de la sentencia de la Corte IDH.
