El fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, ordenó 'la apertura de una investigación por la retención indebida' del general Rubén Darío Alzate y sus acompañantes, a través de un expediente asignado a la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada contra el Terrorismo.
De acuerdo con Montealegre, el objetivo de tal investigación es 'esclarecer las circunstancias' en las que se produjeron los hechos a manos de las Farc, por lo que fiscales especializados liderarán las pesquisas, que actualmente se encuentran en 'etapa de indagación'.
Además, la Fiscalía abrió otro proceso similar referida a la captura, también por parte del grupo subversivo, de los soldados César Rivera Capela y Jonathan Andrés Díaz Franco, ocurrida la semana pasada en una zona rural del departamento de Arauca.
Sin embargo, en medio de la polémica y las consecuencias que ha conllevado el secuestro del general y sus dos acompañantes, llama la atención que se utilice el término 'retención indebida', y no secuestro, que es como está tipificado este delito en el Código Penal colombiano, o incluso 'plagio'.
Abogados consultados por EL HERALDO explicaron que la 'retención indebida' alude a la posesión ilegal de bienes o documentos y, por lo tanto, no aplica ni es conveniente usar dicho término en este caso.
Continúan las operaciones. De otro lado, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien coordina las operaciones de rescate de los plagiados desde el pasado lunes, advirtió que el dispositivo continuará 'hasta cuando sea necesario'.
Pinzón quien junto con la cúpula militar sobrevoló el caserío de Las Mercedes, sitio donde se produjo el secuestro, reiteró que 'cualquier secuestro es inaceptable' y que 'los únicos responsables son los terroristas de las Farc'.
Otras reacciones. Tras una reunión de casi tres horas, las comisiones de Paz del Senado y la Cámara emitieron un comunicado para reiterar su respaldo al proceso de paz de La Habana, en el que, aseguran, 'se han logrado satisfactorios acuerdos para la reconciliación entre todos los colombianos' y le piden a las Farc la liberación del general Alzate, y de los otros militares y civiles retenidos.
Así mismo, las células legislativas solicitaron al Gobierno y al grupo subversivo la reanudación de las conversaciones y celebraron que las partes 'se hayan manifestado positivamente al respecto' y propusieron que mientras se trabaja la agenda de negociación, se avance también en 'desescalar el conflicto, reducir la violencia y crear actos y hechos de confianza que faciliten los acuerdos definitivos' de fin al conflicto.
A su vez, los voceros de los partidos políticos, reunidos durante más de dos horas en la oficina del presidente del Senado, el barranquillero José David Name, ratificaron su apoyo a la mesa y exigieron a la guerrilla la liberación de todos los plagiados y que 'cumplan el cese definitivo de la práctica del secuestro en todo el territorio nacional'.
Finalmente, hicieron votos porque el Gobierno y las Farc 'encuentren el camino que permitan reiniciar el proceso de negociación'.
Entre tanto, el defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora insistió en 'la urgencia de pactar un acuerdo humanitario para reducir la violencia y generar confianza en las negociaciones'.
Otálora pidió claridad a las partes sobre los hechos que rodearon el secuestro, recordaron a la guerrilla la obligación de respetar la vida de los plagiados, el deber de liberarlos de inmediato y, una vez se dé la entrega, reanudar los diálogos, 'pues ellos mismos deben honrar el compromiso de cumplir con el mandato que los colombianos les dieron para avanzar en la búsqueda de una solución negociada al conflicto'.
El procurador general, Alejandro Ordóñez, manifestó que 'esta es la oportunidad para que se reinicien las negociaciones sin aceptar ni una sola condición a las Farc y para colocar condiciones a fin de que se continué y se relegitime este proceso'.
Según Ordóñez, no condicionar a los terroristas en desarrollo del proceso ha generado el desbordamiento de sus acciones criminales en contra de los colombianos.
Sector empresarial apoya a Santos
El Consejo Gremial Nacional, en representación del sector empresarial colombiano, manifestó, a través de un comunicado, su apoyo a la decisión del presidente Juan Manuel Santos de suspender los diálogos de paz con las Farc hasta que no se libere al general Alzate y a todo los colombianos privados de su libertad. 'Rechazamos vehementemente los actos de violencia que las Farc, en una actitud contradictoria, han llevado a cabo en las últimas semanas', manifestó el gremio. Igualmente exigieron a la guerrilla 'una actitud coherente' frente a la paz.
Óscar Iván Zuluaga
Director del Centro Democrático
'Aceptar un cese bilateral producto del secuestro de un general sería la rendición del Estado colombiano y de sus fuerzas militares'.
Ernesto Samper
Expresidente de la República
'Estoy seguro de que las partes involucradas en el diálogo de paz encontrarán una salida creativa para reanudar las conversaciones'.
David Barguil
Presidente del Partido Conservador
'Respaldamos la decisión del Gobierno de suspender los diálogos. Llegó la hora de exigir con hechos la voluntad de paz de las Farc'.
Máximo Noriega
Dir. Fondo de Vigilancia de Bogotá
'Es hora de que el Gobierno, en nombre de los colombianos, reinicie las conversaciones y asuma la responsabilidad de un cese bilateral'.
Sergio Díaz-Granados
Presidente del Partido de La U
'Esta situación afecta la confianza en el proceso de paz y dificulta el avance de la negociación, pero debe ser una tormenta temporal y superarse'.
Efraín Torres
Representante a la Cámara
'Las Farc dicen desconocer lo que pasa en Colombia (...). Entonces, ¿quiénes son los responsables de las acciones de este grupo si no son su líderes?'.
