El Gobierno nacional se retiró de una audiencia celebrada este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre restricciones a los derechos políticos de las personas, alegando que cualquier información debilitaría su defensa ante una denuncia interpuesta por el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro.
Adriana Guillén, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, dijo en una breve intervención que la decisión de ausentarse a la audiencia no está relacionada a la medida cautelar que la CIDH concedió la semana pasada a Petro, y que el presidente Juan Manuel Santos desatendió.
'Nuestra decisión no obedece a la medida cautelar. Obedece a la apertura (que dio la CIDH) a una petición realizada por Petro', señaló Guillén antes de retirarse de la sala junto al embajador en la Organización de Estados Americanos, Andrés González, y el viceministro de Justicia, Miguel Samper.
Además de solicitar una medida cautelar, Petro presentó ante el organismo, que tiene su sede en Washington, una denuncia sobre la vulneración de sus derechos políticos.
El comisionado brasileño Paulo Vannuchi, quien ingresó recientemente a la Comisión, calificó como 'impactante la posibilidad de que un procurador general pueda destituir a un mandatario por voto popular sin debido proceso judicial'.
González había dicho previamente que la ministra de relaciones exteriores María Ángela Holguín solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que no celebrara la audiencia tras la destitución de Petro, pero el organismo hemisférico mantuvo la convocatoria alegando que brindaba un foro idóneo para recibir información en términos generales.
Petro dijo en su cuenta de Twitter que el retiro de delegación del gobierno de la audiencia era como una 'confesión de arbitrariedad'.
El abogado Carlos Rodríguez de la Asociación Minga, uno de los peticionarios para la celebración de la audiencia, lamentó en voz alta la retirada de la delegación gubernamental y lo calificó como 'falta de cortesía'.
'Nosotros los escuchamos a ellos. Lamentamos que ellos no nos escuchen a nosotros', señaló.
Jomary Ortegón, abogada de la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, señaló que la decisión de Santos es contraria a la Constitución colombiana y a las obligaciones internacionales del Estado.
'Ninguna de las explicaciones dadas por el gobierno es satisfactoria. Nada excusa su posición. Se desdice de cualquier afirmación de respeto al sistema de derechos humanos que puedan presentar', dijo Ortegón
Las organizaciones peticionarias solicitaron a la Comisión que inste al Estado colombiano a adoptar reformas legales para que los procedimientos disciplinarios aplicados a funcionarios electos por voto popular se ajusten a la Convención Americana de Derechos Humanos, la cual otorga a los derechos políticos carácter permanente igual que el derecho a la vida.
El organismo hemisférico emitió el 18 de marzo una medida cautelar en favor de Petro en la que pidió al gobierno colombiano suspender de forma inmediata una decisión de la Procuraduría General que lo destituyó y le prohibió hacer política por 15 años.
Pero el presidente Santos desatendió las medidas que beneficiaban al ahora exalcalde Gustavo Petro, dejando al gobernante distrital definitivamente fuera del cargo.
Santos adujo que no acogía esas medidas cautelares porque consideraba que el sistema judicial colombiano ha actuado en al menos 300 demandas en torno al caso de Petro.
La Comisión tiene la facultad de otorgar medidas cautelares para solicitar a un Estado que prevenga daños irreparables a personas en situación de riesgo irreparable.
Petro, exsenador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), se instaló en los barrios pobres del sur de la ciudad tras su destitución.
Petro fue sancionado por cambiar por decreto el sistema de recolección de basura de la ciudad en diciembre del año pasado.
Petro adelantó que recurrirá a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, para recuperar sus derechos. La Corte, al igual que la Comisión, integran el sistema interamericano de Derechos Humanos y son órganos de la OEA.
La Comisión inició el lunes su periodo 150 de audiencias, que tendrá lugar toda la semana en la capital estadounidense.
