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La directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, denunció este jueves que los bombardeos ejecutados por Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en aguas del Caribe constituyen “ejecuciones extrajudiciales”.

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Según la organización, las operaciones —nueve en total— habrían dejado 39 personas muertas en el Caribe y el Pacífico.

“Independientemente de si allí había o no narcotraficantes, constituyen ejecuciones extrajudiciales. Estados Unidos no está en conflicto armado con Venezuela, ni con Colombia, ni con grupos criminales”, afirmó Goebertus en una reciente entrevista con ‘Blu Radio’.

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La representante de HRW explicó que este tipo de ataques no se enmarcan en ningún conflicto armado reconocido, por lo que el uso de la fuerza letal no tiene justificación jurídica.

“Lo que corresponde son operaciones de interdicción marítima, capturas y procesos judiciales, pero asesinarlos sin posibilidad de juicio es una ejecución extrajudicial”, añadió.

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La abogada colombiana señaló que las acciones estadounidenses violan tanto el Derecho Internacional Humanitario como las normas básicas de derechos humanos.

Bombardeos en aguas internacionales: ¿son legales?

Ante el argumento del Gobierno estadounidense de que las operaciones se llevaron a cabo en aguas internacionales, Goebertus aclaró que eso no cambia su naturaleza ni exime de responsabilidad.

“Siguen siendo ejecuciones extrajudiciales. Lo que determina que sean aguas internacionales o no es quién estaría habilitado para investigar, pero eso no exime al gobierno de garantizar que no lanza operaciones militares ofensivas en un contexto de criminalidad organizada”, explicó.

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La directora de HRW advirtió que la situación es “aún más grave” porque Estados Unidos no reconoce la competencia de la Corte Penal Internacional ni de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo que limita la posibilidad de rendición de cuentas.

“El excepcionalismo norteamericano pone sus acciones en un lugar de muchísima impunidad”, dijo, al tiempo que confirmó que HRW está documentando los casos para identificar la nacionalidad de las víctimas y facilitar que otros países reclamen jurisdicción.

Goebertus también se refirió a las declaraciones del expresidente Donald Trump, quien presentó las operaciones como parte de una guerra contra el narcotráfico.

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Sin embargo, según la directora de HRW, esa interpretación carece de base jurídica.

“El Derecho Internacional Humanitario ha señalado que la existencia de un conflicto armado no depende de una declaración política, sino de características objetivas sobre el nivel de organización y hostilidad. Este no es un conflicto armado, es criminalidad organizada”, sostuvo.

Además, recordó que Trump no pidió autorización al Congreso para llevar a cabo ataques de ese tipo, lo que los hace “doblemente ilegales”: por violar tanto las normas internacionales como las leyes internas de Estados Unidos.

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Finalmente, respecto a la versión oficial que vincula al Cartel de los Soles y al Tren de Aragua con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, Goebertus aseguró que no existe evidencia que respalde esas acusaciones.

“Dicen que son los principales productores de fentanilo, cosa que no tiene ninguna base de realidad. Lo que han hecho es mezclar información sin sustento, uniendo fenómenos criminales distintos en Venezuela, Colombia y otros países”, precisó.

Aunque reconoció las violaciones de derechos humanos y la corrupción bajo el régimen de Nicolás Maduro, aclaró que “eso no constituye un conflicto armado”.