La Corte Constitucional de Ecuador analizará la decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de prohibir que los ecuatorianos voten con el teléfono en la mano durante las próximas elecciones, como pedía el Gobierno del mandatario y candidato a la reelección, Daniel Noboa, quien tras la primera vuelta denunció sin pruebas que, en varias zonas, grupos criminales obligaron a los electores a votar por su rival, la correísta Luisa González.
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La Corte informó este viernes que admitió a trámite una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el ciudadano Jorge Andrade Escobar, quien pide al alto tribunal que declare la inconstitucionalidad por razones de forma y fondo del artículo uno de la resolución del CNE en la que se aprueba prohibir el uso de dispositivos móviles, eléctricos o electrónicos a los electores durante el acto del sufragio.
Sin embargo, negó la suspensión provisional de la norma que Andrade solicitaba debido a que la segunda vuelta de las elecciones presidenciales está prevista para el próximo 13 de abril.
Los jueces Karla Andrade, Richard Ortiz y José Luis Terán le dieron al CNE y a la Procuraduría General del Estado tres días para que defiendan la constitucionalidad de la norma impugnada y solicitaron el expediente con los informes y demás documentos que dieron origen a la disposición demandada.
Además, resolvieron solicitar al pleno de la Corte que decida sobre si esta causa puede ser tratada de manera prioritaria, considerando una excepción al orden cronológico, que es como los jueces conocen los casos y emiten las sentencias.
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Esta disposición del CNE se aprobó el 13 de marzo, después de que su presidenta, Diana Atamaint, se reuniera con el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas, la Policía y los ministerios de Interior y Defensa, cuyo ministro, Gian Carlo Loffredo, dijo que la medida busca que la ciudadanía no “pueda ser víctima de sicariato (asesinato por encargo) producto de la extorsión a la hora de votar”.
Desde el correísmo rechazaron esta decisión y criticaron que el CNE haya aceptado la demanda del Gobierno de Noboa.
Tras la primera vuelta, González y Noboa culparon al CNE de presuntas irregularidades en el desarrollo de la votación y del posterior escrutinio, lo que no fue tenido en cuenta por las principales misiones de observación electoral, como las de la Unión Europea (UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA), que definieron los comicios como transparentes y sin irregularidades que lleven a pensar en un fraude.
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Más de 13,7 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas el 13 de abril para decidir si Noboa es reelegido para un mandato completo (2025-2029), donde profundice su “guerra” declarada al crimen organizado y avance en las reformas económicas propuestas, o si prefiere que el correísmo retome las riendas del país y convierta a González en la primera mujer presidenta de Ecuador.
