El Gobierno de Bolivia anunció este miércoles que brindará protección a través de la Policía a dos mujeres que denunciaron haber sido víctimas de abuso por parte del expresidente Evo Morales (2006-2019) en la región central de Cochabamba.
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“A través de la Policía Boliviana se deben emitir las garantías correspondiente a fin de que los procesos sean llevados con total transparencia, pero principalmente brindando la protección importante que se necesita a las víctimas”, afirmó el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, en una rueda de prensa en Cochabamba.
La directora de Género, Generacional y Familia de la Alcaldía de Cochabamba, Tatiana Herrera, denunció el 7 de octubre dos presuntos hechos de abuso de Morales que datan de 2014, cuando era presidente del país y las víctimas eran menores de edad.
La denuncia surgió días después de conocerse la investigación abierta por la Fiscalía de la región sureña de Tarija contra el exmandatario por los posibles delitos de trata de personas y estupro, por la “violación” de una menor con la que supuestamente tuvo un hijo durante su Presidencia en 2015.
Herrera manifestó esta jornada que tanto ella como las dos denunciantes son víctimas de amenazas de los allegados de Morales.
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“Estamos viviendo mucha incertidumbre, pero más aún de las actitudes de los allegados de Evo Morales que no han dudado dos veces, ni siquiera han disimulado, en llevar a cabo las represalias con aquellas autoridades que estamos decididas a defender a las víctimas y que ellas no se retraigan”, dijo la autoridad de la alcaldía de Cochabamba.
Ante esta denuncia, el comandante departamental de la Policía de esa región, Edson Claure, dijo que el objetivo de su trabajo será “precautelar la seguridad” de las victimas de ese caso y a las autoridades que llevan adelante los procesos de investigación.
Ríos señaló que distintas instancias del Ministerio de Gobierno harán el seguimiento correspondiente de ambos casos de violación denunciados.
Por su parte, los seguidores del exgobernante cumplen 10 días de bloqueo de carreteras, especialmente en la región central de Cochabamba, en defensa de una posible orden de captura por la investigación por trata de personas y estupro.
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También reclaman al Gobierno soluciones a la escasez de dólares y combustibles, y al encarecimiento de algunos alimentos, y también el adelanto de las elecciones generales de 2025 en las que quieren que Morales sea el candidato del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
El viceministro Ríos dijo que el bloqueo de los leales a Morales “trata de callar a las victimas para que no se animen a seguir con esta denuncia”.
Desde que se conoció el proceso de investigación en la Fiscalía, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba, su bastión sindical y político que está custodiado por sus seguidores.
El presidente Luis Arce y Morales se encuentran distanciados desde 2021 y esto ha creado una fuerte división en el oficialismo boliviano.
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