La entrega de predios debió hacerse a asociaciones de productores bajo el esquema jurídico “en común y proindiviso”, para que todos compartan la propiedad del predio, sin que exista una división física o material del mismo. Además, debieron involucrar al Sena, ICA, Agrosavia, Banco Agrario y la Agencia de Desarrollo Rural, para capacitar y formar en buenas prácticas agrícolas, estructurar los proyectos productivos, financiar y prestar servicio de asistencia agronómica a las asociaciones de productores.