El presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, consideró este jueves que la iniciativa que promueve el exalcalde Carlos Eduardo Caicedo, de culminar el contrato con la empresa Metroagua S.A. E.S.P., es un ejemplo para el país con respecto a las problemáticas en la prestación de los servicios públicos en Colombia.
El veeedor indicó que lo anterior es una muestra de que las necesidades básicas de la ciudadanía no pueden ser vulneradas por parte de un privado que expone la salud de los samarios.
'La recolección de estas firmas no es más que la manera de formalizar la insatisfacción por parte de los ciudadanos ante las autoridades competentes, es decir, buscar nuevos horizontes a través de los cuales se puedan proveer mejores servicios y accesibilidad de acueducto y alcantarillado', indicó.
El presidente de la Red de Veedurías respaldó las afirmaciones que en reiteradas ocasiones ha hecho Carlos Eduardo Caicedo, con respecto a que esta es una acción en defensa de los derechos colectivos, 'los samarios deben saber que con estas firmas le dan más peso a la acción popular, se trata de la exigencia de un derecho fundamental que está siendo vulnerado. Esto es fundamental porque es la expresión ciudadana y tiene una connotación procesal, es decir, que la comunidad está defendiendo sus derechos colectivos sobre servicios básicos domiciliarios y estratégicos alrededor de un contrato leonino que advierte vicios de ilegalidad para que haya un pronunciamiento serio por parte de la justicia. Es importante que los jueces conozcan que los dolientes actúan dentro del proceso y tienen voz de inconformismo'.
Ante las peticiones hechas por la empresa Metroagua de que el Distrito debe pagarle la suma de 60 mil millones de pesos, para la entrega de las redes de acueducto y alcantarillado, Bustos Sánchez las calificó como la evidencia de un carácter mercantilista e indolente por parte de estas empresas privadas que lo único que les importa es la plata y no la calidad y cobertura del servicio.
Así mismo, dijo que en el caso de Santa Marta aflora la permisividad por parte de distintas administraciones públicas las cuales aprobaron separar las cláusulas del contrato que le permitiera al Distrito generar la discusión jurídica y derivar los elementos que pretende la empresa sean resarcidos.
'No es más que una excusa que buscan para continuar con el servicio a través de unas pretensiones exageradas fuera del alcance del patrimonio del Distrito, en otras palabras, seguir ordeñando la vaca o quedarse con los huevos de oro'.
