Los familiares de los 33 niños que fallecieron en el siniestro que ocurrió el 18 de mayo del 2014 en Fundación, Magdalena, demandaron al Estado con el objetivo de que sean indemnizados en forma colectiva.
El jurista Sebastián Gómez Sánchez, apoderado de las víctimas, presentó ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca una acción judicial por responsabilidad estatal fundamentada en la omisión en la vigilancia y control de las entidades que tienen que ver con operación de vehículos de servicios públicos y otras.
Entre estas se mencionan el Ministerio de Transporte, Policía Nacional, Tránsito de Fundación, Departamento del Magdalena y Distrito de Barranquilla.
No hubo control. En dialogo con EL HERALDO, el abogado manifestó que 'la demanda surge luego que el equipo jurídico a su cargo se diera cuenta de unas circunstancias de omisión en la vigilancia y control de los vehículos del servicio público'.
'Por ejemplo, que el bus que se accidentó, fue comprado dos años atrás en una empresa de chatarras de Barranquilla y se trasladó a Fundación sin observación de autoridad alguna', precisó.
La indemnización que pretenden las familias es por cuantía superior a los 10 mil millones de pesos. 'Es solo una demanda, no hay nada resuelto sobre el caso', aclaró Gómez Sánchez, al tiempo que agregó que la 'aún no ha sido admitida'.
Indicó que se reclaman perjuicios morales de las familias (padres, hermanos, abuelos y lucro cesante, que hace relación a la producción de esos niños de acuerdo a sus expectativas de vid.
'Espero que el Tribunal y la magistrada ponente actúen en derecho y admitan la demanda porque no hay duda que las omisiones son claras', anotó.
El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud indemnizará con 406 millones 560 mil pesos a las 26 familias víctimas del siniestro.
Indemnizaciones. El año pasado el consorcio que administra el Fondo de Solidaridad y Garantías, Fosyga, indemnizó a los padres de las pequeñas víctimas con 12 millones 320 mil pesos por niño fallecido.
Lo anterior se dio al comprobarse que el automotor donde se produjo la muerte de los infantes no estaba amparado por los seguros que obliga la normatividad.
El desembolso se hizo por la vía de la subcuenta de Riesgos Catastróficos y Accidentes de Tránsito Ecat, que luego deberá hacer el recobro a las personas que la Justicia determine como los responsables de lo ocurrido.
Las familias recibieron del Gobierno Nacional una casa en la Urbanización Los Rosales, en el marco del programa de las 100 mil viviendas gratis dirigidas a familias vulnerables.
Detenidos. Por esta tragedia están detenidos el conductor del bus Jaime Gutiérrez Ospino y el líder espiritual de la iglesia Pentecostal Unida de Colombia, Manuel Salvador Ibarra, quien lo contrató para movilizar a los menores. A los dos se les procesa por el delito de homicidio simple con dolo eventual en concurso homogéneo y simultáneo, aunque el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta, revocó el 9 de diciembre del 2015, la decisión del Juzgado Primero Penal del Circuito de Ciénaga que tipificaba el dolo y aprobó el preacuerdo entre la Fiscalía y los dos imputados en el caso.
Así las cosas el delito se modifica a homicidio culposo, debido a que no tuvieron intención de causar la tragedia.
