El Tribunal Administrativo del Atlántico, con ponencia del magistrado Oscar Wilches, admitió la acción popular que fue presentada por la Procuraduría General de la Nación por la vulneración de derechos debido al funcionamiento del peaje Papiros.
En el auto conocido por EL HERALDO, el tribunal entregó un plazo de 10 días a las entidades demandadas para que “contesten y soliciten las pruebas que consideren pertinentes”.
En contexto: Los argumentos de la acción popular que busca desmonte del peaje Papiros
Es de anotar que en este proceso se encuentran demandados el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Puerto Colombia, la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Concesión Ruta Costera y la firma MAB Ingeniería de Valor (en su calidad de interventor).
Asimismo, el tribunal ordenó que en un plazo de 5 días, la relatoría informe si algún despacho adelanta o adelantó el estudio de una acción popular por la vulneración de los derechos colectivos a que se hace referencia en la acción popular.
En ese sentido, también indicó que la demanda se ajusta a las exigencias de la normatividad vigente: “Se evidencia que la demanda atendió al plazo que concede el artículo 11 de la Ley 472 de 1998, pues de los hechos narrados es claro que aún estamos ante una amenaza o peligro a los derechos colectivos cuyo amparo se solicita”.
