Los retrasos en los nombramientos de los comisionados en propiedad en la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) han sido materia de constantes cuestionamientos al Gobierno nacional.
En esta oportunidad, el contralor Carlos Hernán Rodríguez indicó que dichos atrasos pueden generar impactos en el proceso de transición energética que viene liderando el Gobierno nacional.
“La falta de nombramiento de comisionados es un gran error, que pone en riesgo la transición energética. Puede convertirse en una amenaza a la sostenibilidad del sistema energético del país”, sostuvo el líder del ente de control durante su intervención en la versión número 26 del Congreso de Andesco.
También lanzó cuestionamientos a la labor que se adelanta desde la Superintendencia de Servicios Públicos e instó a que se desarrollen mejoras para cumplir con su misionalidad.
“La vigilancia y control que debe ejercer la Superservicios, en la cual no puede ser notoria en los campos de interés de la ciudadanía. Es imperativo que fortalezca su eficiencia para garantizar la eficiencia de los servicios y responder a las necesidades de la comunidad general”, enfatizó.
Enfatizó que es necesario que el tema tarifario se maneje “con el mayor rigor”. Recordó que existen “muchas propuestas y discusiones” alrededor del servicio de gas natural y energía eléctrica.
“Las tarifas de energía eléctrica, en especial, en la región del Caribe, considero que es un elemento sensible y de la mayor importancia dentro del sector, ya que, por un lado, es fundamental asegurar la fiabilidad financiera de las empresas y, lógicamente, por el otro, lo que están pagando los usuarios finales”, mencionó.
Se refirió a la importancia de que las entidades prestadoras sigan avanzando con acciones que permitan un mayor grado de eficiencia energética, “pero ante todo su sostenibilidad, que es algo reiterativo y que debo manifestar no solamente en materia de servicios públicos, sino en un concepto general”.
Fue enfático al sostener que “la prestación de servicios públicos es, sin lugar a dudas, uno de los instrumentos claves y estratégicos para alcanzar la justicia social, para proteger la dignidad humana y mejorar las condiciones de bienestar de la población”.
Asimismo, recalcó que “aún queda mucho por hacer en cobertura de algunos servicios”. En ese sentido, anotó que en el 2023, el servicio de acueducto presentaba un déficit de cobertura nacional del 10 %, mientras que el alcantarillado y el servicio de aseo tenían un déficit 24 % y 16.6 %, respectivamente.
Subrayó que el sector de servicios públicos en Colombia representa cerca del 7 % del PIB y “por ende se debe seguir consolidando los servicios públicos en Colombia con mayor cobertura, calidad y eficiencia”
