Luego de haberse evidenciado un presunto detrimento patrimonial de $1.008 millones por parte del Instituto Nacional de Vías (Invías) en el proceso de defensa correspondiente en el tribunal de arbitramento por las obras del nuevo puente Pumarejo, la Contraloría General de la República anunció el inicio de un proceso de responsabilidad fiscal para determinar los responsables de dicha conducta.