Un error de escritura cometido en los años 40, en el siglo pasado, es el origen de todo un rollo en torno a los poseedores de un extenso terreno que está frente al corredor Universitario, en la vía entre Barranquilla y Puerto Colombia. Podría decirse que ese viejo error hoy también tiene por fuera de su cargo al registrador de la Oficina de Instrumentos Públicos de la ciudad, Rafael Pérez Herazo, luego de tratar de enmendarlo a través de una diligencia llevada a cabo en su despacho.
El registrador fue notificado el pasado lunes 31 de enero de la suspensión por tres meses en el ejercicio de sus funciones, con relación a una investigación que viene ‘caminando’ desde 2017.
Dicha vigilancia, desarrollada por la Oficina de Control Interno de la Supernotariado, se basó en la denuncia de una persona que señala al registrador de haber tomado la supuesta decisión sobre una 'cosa juzgada', que, en específico, fue la modificación de la Resolución 261 del 27 de abril de 2009 de la Superintendencia de Notariado y Registro, en la que se concluía que un predio tenía el área descrita (95 hectáreas), y Pérez adelantó una actuación en la que 'afectó el área disminuyéndolo a 5 hectáreas'.
