El cierre de la Oficina de Instrumentos Públicos en Barranquilla continúa generando inconformidades entre los ciudadanos. La situación tiene en vilo al sector de la finca raíz y a la ciudadanía en general debido a que no es posible la emisión de los certificados de tradición y libertad, así como la prestación del servicio público registral.
En la mañana de este jueves, un grupo de personas se encontraba a las afueras de las instalaciones –ubicadas en el barrio Ciudad Jardín– en busca de soluciones para adelantar los trámites que 'están aguantados' desde hace más de 15 días.
Néstor Vives es uno de los ciudadanos afectados. Sostuvo que, en varias oportunidades, ha pedido información sobre la reapertura de la oficina y no ha recibido información veraz.
'Desde hace una semana he venido y las oficinas siempre están cerradas, ningún funcionario da información al respecto', dijo el hombre, quien llegó hasta la oficina procedente del municipio de Baranoa.
Rosaida Marina Redondo llegó desde muy temprano en busca de atención, pero se encontró que sigue suspendida a pesar de que se había anunciado que se restablecería a partir de este jueves.
'Desde noviembre estoy haciendo unos trámites con mi escritura. Me entregaron un documento equivocado, vine a devolverla y la que me dieron no era la correcta', expuso la mujer.
Expresó su molestia por la falta de información sobre la situación verdadera que se vive en la oficina: 'El portero fue el que nos dijo que todavía no había sistema. Nosotros necesitamos respeto, uno viene en busca de soluciones y se va con las manos vacías'.
A su turno, John Jairo Garay indicó que el cierre de la Oficina de Instrumentos Públicos lo ha afectado en un proceso que viene adelantando en un juzgado de la ciudad.
'Yo solicité un certificado especial de pertenencia, están corriendo los términos del proceso y no he tenido solución por parte de la Superintendencia de Notariado y Registro. No se está prestando el servicio y me están perjudicando', expuso el hombre.
Rechazo de los gremios
El Comité Intergremial del Atlántico, a través de su cuenta de Twitter, indicó que 'urge' reanudar las actividades en la Oficina de Instrumentos Públicos: 'Se corre el riesgo de retrasar la entrega de 17mil nuevas viviendas, lo cual afectaría significativamente la dinámica de recuperación que vive el sector constructor'.
Por su parte, la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) seccional Atlántico y Magdalena rechazó la situación e indicó que es necesaria 'la inmediata regularización del funcionamiento y trámites en la entidad'.