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Las medidas de suspensión y la reducción del tráfico aéreo por la covid-19 fueron las dos causas expuestas por el Grupo Aeroportuario del Caribe –concesionario del aeropuerto Ernesto Cortissoz– para explicar su decisión de convocar a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a un tribunal de arbitramento desde el pasado 23 de febrero.

De acuerdo con el operador, a través de esta figura se busca 'una solución' a la situación de fuerza mayor que ha afectado la operación del proyecto: 'El valor de la reclamación presentada para el restablecimiento del equilibrio económico del contrato por perjuicios ocasionados entre marzo 2020 y el 31 de diciembre de 2022, no corresponde a las cifras presentadas recientemente'.