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El Tribunal Administrativo del Atlántico sentenció que la estampilla prohospital es legal y por lo tanto puede seguir siendo cobrada.

Según un comunicado de la Alcaldía de Barranquilla, la decisión de la corporación dejó claro que 'el Distrito de Barranquilla no ha actuado por fuera de su competencia, ni de la ley, al establecer el hecho generador de la estampilla dentro de su jurisdicción', pues a su juicio la Asamblea Departamental fue la que le autorizó al Distrito, mediante la Ordenanza 0287 del 2015, para que su aplicación fuera obligatoria.

La estampilla fue creada por el Concejo Distrital para mejorar la infraestructura hospitalaria mediante el Acuerdo 013 del 2015, y cuyo cobro fuera aplicado por término indefinido en la expedición del estado de cuenta y/o la expedición de la paz y salvo del impuesto predial.

El fallo está consignado en una sentencia de segunda instancia que resolvió un recurso de apelación interpuesto dentro de un proceso de nulidad por Antonio Bohórquez y Luis Arango Cárdenas, a quienes un fallo de primera instancia, del Juzgado 10 Administrativo del Circuito de Barranquilla, les negó la pretensión encaminada a que el cobro de la estampilla prohospital fuera eliminada jurídicamente.

 El Tribunal Administrativo del Atlántico, con ponencia de la magistrada Viviana López, consideró que tanto el Departamento como el Distrito regularon dentro de sus respectivas jurisdicciones el hecho generador de la estampilla prohospital de primer y segundo nivel de atención, y explicó que el hecho de que la Ordenanza 0253 del 2015, que corresponde al Estatuto Tributario Departamental del Atlántico, prohíba el cobro de la estampilla dentro del Distrito por la expedición del paz y salvo del impuesto predial, no da lugar a considerar que el Acuerdo 013 del 2015 creó una operación gravada no autorizada por la ley.

La decisión judicial evitó que la Alcaldía tuviera que desembolsar los dineros que venía cobrando en la expedición del paz y salvo del impuesto predial, exigido en los negocios de compraventa de bienes inmuebles, y que la financiación y mejoramiento de la red hospitalaria distrital se viera seriamente afectada.